Otros 32 profesionales bajo sospecha

La investigación del caso Kendall destapó en 1996 la sospechosa relación de 99 médicos españoles con el citado laboratorio catalán. Siguiendo la pista del hiperprescriptor García Bobadilla, que se acogió a la prejubilación poco después de conocerse el escándalo, la policía encontró en la sede del laboratorio Kendall el listado de 99 médicos que, según la nota difundida por el Ministerio del Interior, se dejaban "incentivar indebidamente" con "sobornos mediante cheques de viajes, talones bancarios, regalos y dinero en efectivo".El resultado inmediato fue la detención de 20 médicos y la denuncia de otros 88 facultativos, dos farmacéuticos, cuatro ATS, el gerente del laboratorio y su representante en Madrid.

El fiscal dejó a todos ellos, excepto a los ahora condenados, exculpados de delito penal. La Fiscalía de Madrid consideró que el hecho de que un laboratorio incentive a los médicos con viajes y regalos no es delito. El Insalud, que ha actuado como acusación particular en el caso, anunció sin embargo su intención de seguir con la vía administrativa para expedientar a tales médicos como un paso más para erradicar estas prácticas.

Pruebas insuficientes

Pero tres años después sólo 32 médicos del caso Kendall siguen bajo sospecha. El Grupo de Investigación de la Seguridad Social considera que aún no hay suficientes pruebas para cerrar sus expedientes y suspenderles de empleo y sueldo. O, como en su día indicó el entonces portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez, ponerles "de patitas en la calle".

La voluntad de las diversas administraciones sanitarias es erradicar estas prácticas con la inestimable ayuda de la informática. Sólo el Insalud, que todavía gestiona la sanidad pública de 11 autonomías, ha detectado hasta casi 6.000 facultativos hiperprescriptores que favorecen a laboratorios concretos. Hasta la fecha, ha expedientado a poco más de 400 (véase EL PAÍS del 14 de febrero pasado).

Quizá los fiscales, como los de Madrid, no consideren delito penal esta extendida práctica, pero para las administraciones sanitarias la hiperprescripción, además de vulnerar la ética profesional, es un factor que viene a engrosar la ya desproporcionada factura farmacéutica de la sanidad pública española, que se come la cuarta parte del gasto total. Este año ya superará el billón de pesetas.

Es práctica habitual que los laboratorios farmacéuticos promocionen sus productos informando directamente a los médicos sobre sus novedades e invitándoles a simposios. Los abusos han sido tan flagrantes que la ley y la propia industria han puesto límites como el de fijar máximos para las bolsas de viajes o no invitar a cónyuges.