Condenados un médico y el laboratorio que lo sobornó para recetar sus fármacos
Dos directivos de la empresa y el facultativo deberán cumplir penas de prisión
Dos directivos del laboratorio farmacéutico Kendall, de Barcelona, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de cárcel por sobornar a un médico, Rafael García Bobadilla, con dinero y estancias gratis en congresos profesionales a cambio de que éste prescribiese en su consulta los fármacos elaborados en el citado laboratorio. El facultativo, que trabajaba para la Seguridad Social, aceptó las prebendas y también ha sido condenado por la Audiencia a cuatro años y cuatro meses de cárcel y a otros siete de inhabilitación profesional por delitos de cohecho y falsedad.
La sentencia, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia de Madrid, declara probado que Luis Bahamonde Falcón -administrador único de los laboratorios Kendall- "decidió incentivar a numerosos facultativos para que recetasen" los fármacos Inkamil y Kenesil, elaborados en su empresa. Para ello, según los jueces, dio instrucciones a su delegado en Madrid, el también condenado Agustín Mancheño Llorente, para que abonase a los médicos "gastos de estancia en congresos" y les diese dinero "por hacer un seguimiento farmacológico [en los pacientes] de los productos mencionados".Al tribunal le consta que Mancheño entregó al menos 200.000 pesetas al doctor García Bobadilla, de 66 años, que trabajaba en el ambulatorio que la Seguridad posee en el número 13 de la calle del Aguacate, de Madrid. Y le consta también que el médico y Mancheño, en connivencia, falsificaron "al menos 224 recetas de pensionistas" con nombres de pacientes del ambulatorio en las que se prescribían Inkamil o Kenesil.
Mancheño no sólo rellenó algunas de las recetas, sino que en al menos una ocasión se trasladó personalmente a una farmacia de Madrid para recoger el producto. Las 224 recetas (300, según el fiscal) fueron despachadas en 102 farmacias de Madrid y localidades próximas "en los meses de abril, mayo y junio de 1993". Al ser recetas de pensionistas, el fármaco lo costea al cien por cien la Seguridad Social.
Dos millones estafados
El tribunal estima en casi dos millones de pesetas la estafa perpetrada por los procesados al sistema público de salud. No hay pruebas de que los empleados de estas boticas estuviesen en connivencia con los condenados, destaca la Audiencia, que ha decidido rebajar la pena a los acusados atendiendo el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. El fiscal pidió penas muy superiores.
Este fallo judicial afecta a los dos directivos y al médico citados, si bien recoge testimonios lanzados durante el juicio que dejan entrever que el nivel de corrupción abarca a más laboratorios farmacéuticos y facultativos.
La declaración de Mancheño ante el tribunal fue explícita. Aseguró que su labor en Madrid era básicamente "pagar a médicos" para incrementar la venta de productos de Kendall, y que parte de las 200.000 pesetas que entregó al médico Rafael Bobadilla las puso él de su bolsillo, aunque luego le fueron abonadas por la empresa.
Añadió que el laboratorio, para ocultar los pagos a médicos, les propuso que hiciesen estudios ficticios de "farmacovigilancia, que es una manera más elegante de pagarles", y que teóricamente consistía en seguir el efecto en los pacientes de ambos productos. No se elaboró ningún estudio, afirma el tribunal. Según Mancheño, su jefe le despidió porque "otros laboratorios pagaban mucho más dinero a los médicos" y éstos se fueron con ellos. También manifestó -y así se recoge en la sentencia- que el "doctor García Bobadilla" le pidió en varias ocasiones "que le invitase a comer y que le adelantase dinero".
El tribunal atribuye al dueño de los laboratorios Kendall la decisión de "poner en práctica una política" orientada a "potenciar la venta" de sus productos "incentivando a diversos facultativos mediante el pago de dinero o en especie. Fue su propio subordinado en Madrid quien le incriminó en el juicio.
El abogado del máximo responsable de Kendall intentó desacreditarle en el juicio alegando que sus testimonios eran una venganza por haber sido despedido poco antes del inicio del proceso penal. El tribunal sí cree a Mancheño, y recuerda en la sentencia que él no buscó su exculpación al culpar a su jefe y que, además, no actuó guiado por "un móvil espurio o bastardo".
Este caso fue destapado por inspectores del Insalud, organismo que actuó como acusación particular en el juicio. Los inspectores vieron que este médico prescribía en exceso los citados productos y elevaron el caso a los juzgados tras comprobar que las decenas de pensionistas que figuraban en las recetas falsificadas no habían pedido tales productos ni habían visitado farmacia alguna para recibirlos. Afirma el tribunal que la confección de recetas incluso llegó a hacerse sobre la mesa de un bar.
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