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Más denuncias que sentencias

Amaya Iríbar

La sentencia del caso Kendall no es nada habitual. Hasta el momento, la vía judicial no ha aportado demasiadas sentencias condenatorias contra este tipo de fraudes; y eso a pesar de que los policías del Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS) han asistido desde 1995 a 219 juicios. Una de las sentencias conseguidas más importantes fue la de diciembre del año pasado, cuando la Audiencia de Barcelona condenó a un empresario y a ocho médicos que recetaban fórmulas magistrales elaboradas con dos sustancias inexistentes que por error incluía un listado farmacéutico oficial. En su lugar ponían otra sustancia inocua, pero existente, muchísimo más barata.Un juzgado de Granada investiga todavía un importante fraude en el que podrían estar implicados 98 médicos. Todos los indicios señalan que estos facultativos entregaban recetas firmadas y en blanco al representante de un laboratorio. El fraude supera los 200 millones de pesetas.

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Condenados un médico y el laboratorio que lo sobornó para recetar sus fármacos

Una acusación similar fue denunciada en 1998 por un gerente despedido del laboratorio Abbott por la supuesta compra de médicos del Sistema Nacional de Salud. Izquierda Unida (IU) la ha hecho suya y ha decidido personarse como acusación particular en las diligencias que un juzgado de instrucción madrileño sigue sobre el caso, e interpelará en el Congreso al ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, sobre el mismo, explicó ayer su diputada Ángeles Maestro.

La denuncia, presentada en diciembre de 1998, habla de "comprar la voluntad" de los médicos con dinero en efectivo o pagos en especie para que éstos recetaran determinados fármacos de Abbott a sus pacientes, algo que vulnera la Ley General del Medicamento. El acuerdo entre el médico y el visitador del laboratorio, siempre según el denunciante, quedaba recogido en un documento elaborado a espaldas de la dirección del hospital. Los médicos debían recoger en un cuaderno los datos del paciente -personales, médicos y sobre el tratamiento recetado-, a cambio del cual recibían de 7.500 a 15.000 pesetas, lo que vulnera la Ley de Protección de Datos. Un portavoz del Ministerio de Sanidad aseguró ayer que no se había recibido ninguna solicitud para investigar la actuación de estos laboratorios, si bien de llegar, ésta sería trasladada a la inspección de la Comunidad de Madrid. Ningún portavoz del laboratorio pudo ser localizado ayer para dar su versión del asunto.

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Sobre la firma

Amaya Iríbar
Redactora jefa de Fin de Semana desde 2017. Antes estuvo al frente de la sección de Deportes y fue redactora de Sociedad y de Negocios. Está especializada en gimnasia y ha cubierto para EL PAÍS dos Juegos Olímpicos y varios europeos y mundiales de atletismo. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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