El 'efecto Pinochet'

ABSURDA PERO efectivamente, el caso Pinochet envenena las relaciones entre España y Chile. El anuncio de que el embajador de Chile en España ha sido llamado a consultas por su Gobierno constituye un nuevo fruncimiento de ceño por parte del Ejecutivo de Frei, presionado por los militares y la derecha pinochetista. Responde a la negativa española a interferir en el procedimiento judicial en curso por medio de un arbitraje, una de las fórmulas contempladas en la convención contra la tortura. Es de esperar que este tipo de gestos no deriven en una crisis real. En todo caso, Madrid debe tratar de recuperar el tono de esa relación sin entorpecer el curso de la justicia. El próximo encuentro en Nueva York entre Abel Matutes y su homólogo chileno, Juan Gabriel Valdés, es una ocasión para desactivar el efecto Pinochet.Pinochet ha caído en unas redes jurídicas que no existían hace 10 años. En esta fase, sin que el resultado esté cantado de antemano, le corresponde a un tribunal británico pronunciarse sobre la demanda de extradición planteada por el juez Garzón contra el ex dictador, detenido en Londres desde hace 11 meses. Cualquier otra interferencia implicaría darle a Pinochet una influencia que no se merece, para quebrar un principio del Estado de derecho que él mismo despreció con alevosía y reiteración: la separación de poderes y la independencia judicial.

Por ello mismo, sorprende que un demócrata como el canciller Valdés proclame sin matices: "El tema nuestro no es ganar el debate", sino "conseguir que el general Pinochet vuelva a Chile". Sin duda, la tensión interna ha crecido en Santiago: la situación de Pinochet ha animado a algunos jueces chilenos a actuar contra los responsables de crímenes de la dictadura, como la detención del general Humberto Gordon, exmiembro de la Junta Militar, y dos generales más, lo que ha provocado honda irritación en el Ejército.

Cabe preguntarse si el Gobierno chileno hubiera actuado del mismo modo si la petición de extradición hubiera partido de un juez francés o alemán, en lugar de un español. En todo caso, España, cuyo proceso de transición lavó su pasado, tampoco puede ignorar la imagen que proyecta. Pero pasar de los gestos a las medidas de castigo, como algunos pretenden en Chile, sería contraproducente no sólo para España, sino también para el país andino. Ambas naciones comparten importantes intereses bilaterales y multilaterales. El capital español es hoy el primer inversor en Chile, que en medio de una seria recesión necesita más que nunca la entrada de capitales externos. En este contexto, resulta descabellado utilizar a los empresarios para presionar sobre el Gobierno español.

Como tampoco lo es que el Ejecutivo de Aznar haya hecho llegar no se sabe bien qué mensaje al Gobierno chileno por medio de un empresario de relieve. Las relaciones diplomáticas entre estos dos países se merecen algo más que entremezclar política y empresas. Estamos ante un procedimiento judicial en el que el Gobierno de Aznar, pese a que no le guste que un juez determine su política exterior, no tiene margen de maniobra. Así lo afirma públicamente. ¿Se lo explicó también en privado con idéntica claridad a sus interlocutores chilenos, o, en un intento de congraciarse con todas las partes -en su habitual práctica de no pagar ningún precio político, externo o interno, por su gestión-, le llegó a insinuar a la parte chilena, como sugiere ésta, que exploraría otras vías de salida si lograba un pacto al respecto con la oposición socialista? Que un inoportuno Piqué afirmara ayer que no ha habido arbitraje porque no lo quiso el PSOE no sólo ratifica la versión dada por este periódico en su día, sino que constituye un indigno acto de cobardía política, y socava la propia argumentación del Gobierno sobre la independencia judicial. ¿Depende del consenso con la oposición la solución al caso Pinochet? Pese a las explicaciones de Matutes, negando la existencia de cualquier pacto secreto con Chile, queda mucho por explicar.

De nuevo el Gobierno podría estar generando falsas expectativas en los chilenos al afirmar que acataría cualquier eventual decisión al respecto del Tribunal Internacional de Justicia, al que va a acudir Chile. Pues ya sea ante una lejana sentencia o ante posibles medidas provisionales si las requiriera Chile, podría encontrarse en la contradicción de verse obligado a aceptar cualquier resolución del Tribunal de La Haya, pero no poder aplicarla al chocar con el superior ordenamiento interno que proclama la independencia judicial. Aunque sea una cuestión más o menos arcana y más o menos lejana, no conviene llamarse a nuevo engaño.