Un auto judicial autoriza a la Cope a emitir por las frecuencias que le retiró la Generalitat
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña adopta la decisión con carácter provisional
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó ayer un auto en el que mantiene provisionalmente las tres frecuencias de radio que la Generalitat retiró a la Cope en mayo pasado, mientras resuelve el recurso de la cadena episcopal contra el decreto de concesión de emisoras por el que el Gobierno de CiU no le renovó tres licencias. Sin embargo, la Generalitat se mostró ayer satisfecha con el auto porque no ha suspendido cautelarmente el concurso, por lo que no lo recurrirá. El socialista Pasqual Maragall afirmó que Pujol "está fracasando en todo".
El auto judicial conocido ayer no resuelve el fondo del asunto. No obstante, los jueces permiten a la Cope que continúe emitiendo por las frecuencias que tenía, puesto que no ven en qué se perturbaría el interés público si tales emisiones fueran cortadas antes de que los nuevos beneficiarios -el Grupo Godó entre ellos- pudieran poner en marcha las emisoras obtenidas. El auto especifica que no paraliza el proceso de concesión de las emisoras "hasta la autorización, en su caso, de su puesta en funcionamiento". La consejera de Justicia del gobierno catalán, Núria de Gispert, salió ayer en defensa de la medida que la Generalitat tomó el pasado 4 de mayo de no renovar tres emisoras que la Cope tiene en Barcelona, Tarragona y Manresa. De Gispert subrayó que la decisión judicial "dice claramente que el decreto (de concesión de licencias de radio) no vulnera ningún derecho y continúa vigente".
El Grupo Godó, que obtuvo 10 licencias en el concurso, entre ellas dos de las que tenía la Cope, valoró "positivamente" la resolución porque el tribunal permite que prosiga el proceso administrativo de la concesión de licencias. "Estamos trabajando para ultimar nuestra proyecto", explicaron desde el grupo editor de La Vanguardia. Pero la lectura que hace el director de la Cope en Barcelona, Jordi Jordà, es muy distinta: "El seguir emitiendo es lo máximo que podíamos esperar", explica Jordà, "porque para suspender la adjudicación de licencias haría falta una sentencia y no un auto". En un punto intermedio, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, Lluís de Carreras, aseguró que "la justicia lo que hace es dejar las cosas como están" y declaró su deseo de que haya sentencia cuanto antes, porque la actual situación pone tanto a la Cope como a los nuevos adjudicatarios "en una situación de transitoriedad que no es buena".
El anuncio del auto judicial provocó inmediatamente reacciones políticas. El candidato del Partit dels Socialistes de Catalunya a la Presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, dijo que el auto demuestra que el presidente Jordi Pujol "está fracasando en todo". El líder socialista enumeró lo que, en su opinión, son continuos tropiezos de los nacionalistas: la cesión del IRPF, el decreto del cine doblado al catalán y, ahora, su política en la concesión de frecuencias radiofónicas. Maragall abundó en que el auto judicial confirma que la adjudicación de frecuencias de la Generalitat fue "muy partidista".
El Partido Popular (PP) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) también cargaron contra CiU. El eurodiputado y ex presidente del PP en Cataluña, Aleix Vidal-Quadras, calificó de "muy justa" la determinación judicial, lo que en su opinión pone de manifiesto el "disparate" que cometió el Gobierno de CiU al "cerrar" las emisoras de la Cope. Por su parte, el portavoz de IC-V, Jordi Guillot, aseguró que este asunto "evidencia que Pujol actuó con prisas y nerviosismo en la adjudicación de las frecuencias de FM ante la posibilidad de perder las próximas elecciones autonómicas", que se celebrarán el 17 de octubre.
El PP recordó ayer que ni IC-V ni Esquerra Republicana (ERC) apoyaron la moción parlamentaria en la que el Grupo Popular pedía la revocación del decreto de la Generalitat en la concesión de emisoras.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Aznar, Josep Piqué, celebró que se evite "cualquier medida que pudiera resultar contraria a la libertad de expresión".
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