La fiscalía cree que el Gobierno catalán cometió una desviación de poder

La Fiscalía de Cataluña considera que la Generalitat incurrió en una desviación de poder al retirar las licencias a la Cope y que esa decisión puede suponer una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. El ministerio público expone este argumento en un escrito que ha remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).Ese órgano judicial es el que ayer autorizó de manera cautelar a la Cope a seguir emitiendo en cada una de las tres frecuencias retiradas por la Generalitat. Sin embargo, y tras esa decisión, los jueces deberán pronunciarse ahora sobre el fondo del asunto. En el trámite previsto para resolver esa cuestión se ha producido el informe que explica la posición de la Fiscalía de Cataluña, al frente de la cual se encuentra José María Mena.

El pasado mes de julio, la Fiscalía de Cataluña ya remitió otro informe al mismo tribunal en el que solicitaba que se suspendiera cautelarmente el acuerdo del Departamento de la Presidencia de la Generalitat del pasado 4 de mayo, que fue recurrido por la Cope y que ha dado origen al auto judicial conocido ayer. La Cope sostiene en ese recurso que la resolución de la Generalitat vulnera los derechos fundamentales como la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, y el derecho a la libertad de información. Fuentes judiciales explicaron ayer que la sala que debe resolver el recurso ya tiene un criterio formado sobre el tema, pues tiempo atrás resolvió otro sobre frecuencias de televisiones locales.

El auto de ayer del TSJC considera que permitir a la Cope seguir con sus emisiones no "genera un grave perjuicio impeditivo" para las nuevas concesionarias debido a que "no se suspende el proceso que sigue a la concesión hasta la autorización" para la puesta en funcionamiento de las emisoras adjudicadas.

En cualquier caso, señala el auto, los perjuicios serían iguales para todos, aunque el tribunal cree que, aunque se compensara a la Cope por los perjuicios sufridos en caso de que el recurso le favoreciera, esa solución sólo sería "una reparación económica del daño que no habría impedido que el mismo se produjera".