El lino, en los tribunales

Se dice que termina mal lo que mal comienza. Pero no se podía imaginar un peor fin para la comisión parlamentaria que ha investigado las subvenciones al cultivo del lino: la intervención de los tribunales en el asunto. El partido del Gobierno quiere llevar ante la justicia al consejero de Agricultura de Andalucía, al que acusa de haber mentido en su testimonio ante la comisión, y los socialistas quieren que el Tribunal Constitucional dictamine si el presidente del Congreso, Federico Trillo, ha aplicado correctamente el reglamento al no admitir la impugnación de las votaciones del pasado 17 de agosto que concluyeron con la exculpación de la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio. No es un indicio de buen funcionamiento institucional que los asuntos políticos, que tienen sus propios cauces de resolución, terminen en los tribunales. En principio hay que atribuirlo al fracaso de la política. En el caso del lino ese fracaso estaba inscrito en los prolegómenos a la creación de una comisión que fue aceptada a regañadientes por el Gobierno, en el desarrollo apresurado de sus sesiones y en las confusas conclusiones aprobadas, que niegan la existencia de una trama organizada de altos cargos en el Ministerio de Agricultura para obtener subvenciones públicas para el cultivo del lino pero no que esas subvenciones se percibieran, y exculpan a la antigua titular del departamento de toda responsabilidad política en el asunto.

Es posible que los socialistas magnificaran desde sus inicios el escándalo del lino al saberse que la entonces ministra Loyola de Palacio encabezaría las listas europeas del PP y que este partido tratara de minimizarlo por igual motivo. Pero esta sobreexplotación política del asunto no debería haber desbordado los cauces parlamentarios. En el Parlamento Europeo las reservas expresadas sobre Loyola de Palacio en relación con el asunto del lino no parece que vayan a restarle el beneplácito de los socialistas para sus nuevas funciones. Pero en el Parlamento español el asunto se ha exacerbado con el cuestionamiento de la actuación de su presidente, Federico Trillo, al que el PSOE y otros grupos de la oposición acusan de no aplicar con la imparcialidad que requiere su función el reglamento del Congreso. Que el presidente de la más alta institución democrática sea sospechoso de parcialidad es, sin duda, un asunto grave. Al Constitucional le corresponde dictaminar sobre esta cuestión si se le requiere. Pero que ocurra algo así ni refuerza la autonomía de la política, tantas veces reivindicada por los políticos ante las supuestas intromisiones de los jueces, ni realza el prestigio del Parlamento.