El derecho a la desobediencia civil

El proyecto de Constitución del Polo Patriótico, sujeto a las eventuales enmiendas de sus diputados en la Asamblea Constituyente, reduce la tarea de las Fuerzas Armadas al aseguramiento de la defensa nacional, de la estabilidad de las instituciones democráticas y de la Constitución y las leyes. Los ponentes niegan el voto a los militares y les prohíben asociarse, pero queda abierta la puerta a la discusión. Nada está decidido y el derecho al sufragio de los uniformados continúa siendo motivo de controversia.Un total de 18 jefes y oficiales retirados ocupa escaños en la Constituyente, y su Comisión de Seguridad y Defensa defiende una mayor beligerancia castrense, cuya articulación no concreta, y en su seno se escuchan voces defendiendo el derecho de la sociedad, entendida como un todo, a la desobediencia civil. Durante su intervención en el foro Los grandes temas de la Asamblea, el presidente de esa Comisión, general en retiro Francisco Visconti, fue bastante claro al respecto. "Tanto desde el punto de vista del derecho como desde el punto de vista del origen del derecho, existe no sólo el derecho, sino el deber de actuar en contra de aquellas cosas, decisiones o actuaciones que pongan en peligro la salud de la República. Es decir, la supervivencia racional, lógica y social de la colectividad".

Chávez, que ha barrido en las sucesivas elecciones y consultas desarrolladas éste y el pasado año, se alzó en armas hace siete con parecido argumento. "Eso [la desobediencia] lo contemplaba por allí, en sus estudios y escritos, San Agustín: el derecho a la rebelión y, por supuesto, también lo contempla el derecho romano, que es la fuente del derecho que nosotros utilizamos", agregó Visconti.

En cuanto al derecho a voto, el coronel Adolfo Pastrán, ex parlamentario, declaró recientemente que mientras funcione el servicio militar obligatorio, al que acuden, añadió, jóvenes sin la debida preparación y sin criterios bien definidos, no debe autorizarse el voto a los reclutas, que estaría reservado para los militares profesionales.

El proyecto de la coalición oficial se manifiesta por la creación de una sola policía nacional, de carácter civil y dependiente del Ejecutivo, a favor de la enseñanza pública y privada, por la libertad de expresión, contra la censura previa, y obliga al Estado a garantizar el derecho a la propiedad salvo que una causa mayor aconseje una intervención. "En virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general". Abundando sobre este punto, agrega "sólo por causa de utilidad o de interés social, mediante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".

Quien no participe como elector en los diferentes procesos electorales, señala en otro capítulo, no podrá desempeñar cargos públicos.