El Poder Moral, vigía de la Venezuela de Chávez

ENVIADO ESPECIALEl proyecto de Constitución redactado por la revolucionaria coalición que gobierna Venezuela, el izquierdista Polo Patriótico, propone ampliar de cinco a siete años el periodo de mandato presidencial; con una sola reelección (por lo que Hugo Chávez se podría mantener en el poder hasta 14 años, a partir de la entrada en vigor de la nueva Carta Magna); sustituir las dos Cámaras del Congreso por una única Asamblea Nacional, de 135 miembros; y establecer la figura del primer ministro, subordinado al presidente de la República. Este proyecto crea el Poder Moral, con amplias atribuciones, y difiere en algunos capítulos con las "ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la VRepública", cursadas semanas atrás por el jefe de Gobierno, Hugo Chávez, a la Asamblea Constituyente.

Los militares continuarán sin derecho al voto, no podrán asociarse en gremios o partidos, y los nuevos magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General serán elegidos "por el pueblo" en candidaturas preparadas por el Poder Moral y la comunidad judicial.

Inerme la oposición, que teme una hegemonía chavista en los nuevos poderes del Estado, las eventuales modificaciones al documento de 85 páginas preparado por una comisión de 30 profesionales del derecho, la sociología y la economía deberá llegar probablemente de las propias filas del oficialismo, que controla 120 de los 131 escaños de la Asamblea Constituyente, nacida de las elecciones del pasado 25 de julio. La misión fundamental de esta instancia es elaborar la Carta Magna que sustituirá al moribundo texto constitucional vigente desde el año 1961, pero desde su entrada en funcionamiento actúa como un ariete contra los poderes e instituciones emanados del bipartidismo imperante en los últimos cuatro decenios.

A fuego lento

Corte Suprema, Congreso o sindicatos, no disueltos pero arrinconados al negárseles legitimidad, figuran en la relación oficial de culpables y perecen a fuego lento a la espera de su definitiva liquidación. La corrupción y el progresivo empobrecimiento nacional registrados en ese periodo son atribuidos por el Gobierno a los partidos Copei, democristiano, en los huesos, y Acción Democrática (AD), socialdemócrata, en desbandada, una jaula de grillos a tenor de sus disputas internas. Chávez -el comandante de paracaidistas al frente del frustrado cuartelazo de febrero de 1992 contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez-, hoy presidente con una popularidad todavía en alza, sostiene que los poderes bajo asedio estos días fueron prolongación y cómplices de los dos partidos tradicionales y grandes grupos económicos, que en mafiosa cofradía ejecutaron la sistemática operación de saqueo que arruinó Venezuela en su etapa de crecimiento económico a remolque del petróleo.El denominado Poder Moral, incorporado al proyecto constitucional del Polo Patriótico -donde conviven socialistas, independientes, oportunistas y rescoldos de la izquierda más extrema-, estará integrado por un consejo de 19 miembros, venezolanos de nacimiento, mayores de 50 años y de reconocida y comprobada honorabilidad. Serán elegidos por sufragio universal, y una de sus funciones será proponer a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, prácticamente vaciada de contenido por la Constituyente, al igual que el Consejo de la Magistratura. Los jueces del Supremo, según el articulado que será debatido la semana entrante, "serán elegidos por el pueblo en la misma oportunidad en que sea escogido el presidente de la República". Tanto el Supremo como el Consejo, principales órganos de la judicatura, son investigados desde ayer por una comisión de emergencia de cuatro diputados constituyentes y cinco miembros de la sociedad civil, que deberá depurar asimismo a buena parte de los jueces nacionales por corrupción. Ese grupo de inspectores rendirá cuenta en el plazo de 20 días. El Poder Moral, cuya filosofía es invocada frecuentemente por Chávez para acelerar la demolición del régimen anterior, elegirá al Defensor del Pueblo, hasta ahora inexistente.

La presidencia había propuesto una extensión del mandato presidencial de cinco a seis años, y un Congreso con Cámaras de Diputados y de Senadores. El Polo Patriótico y su líder coinciden en la necesidad de una doble vuelta para el cargo de presidente de la República si ninguno de los dos primeros candidatos obtiene una mayoría superior a la mitad más uno. Uno de los ponentes del proyecto, Guillermo García Ponce, subrayó que no se trata de un documento rígido o dogmático: "Este producto está abierto a la riqueza de la práctica y la discusión".

Sin Bolívar

Venezuela es definida como una nación libre y soberana, "e independiente de toda dominación", pero no se menciona expresamente el término de "bolivariana", tal como planteó Chávez. El preámbulo, sin embargo, recoge el pensamiento de Simón Bolívar, el libertador latinoamericano siempre presente en los discursos del jefe de Gobierno. Pendiente una disputa con Colombia sobre la jurisdicción de las aguas del Golfo, el territorio reclamado en el proyecto de Constitución incluye el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela el 19 de abril de 1810, salvo las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no considerados viciados de nulidad. La Constitución venezolana en preparación, que deberá ser aprobada en referéndum, en tres meses, según instó Chávez, establece que, cuando esté en vigor, sólo podrá ser derogada o reformada en otro referéndum y con la elección de otra Asamblea Constituyente. Los ponentes piden incorporar una estrella más a la bandera patria, en homenaje a lo que antes se denominó Provincia de Guayana.El anteproyecto dirigido por Ponce, miembro de la comisión técnica de la coalición gubernamental, concede el voto a todos los venezolanos mayores de edad y a los extranjeros nacionalizados. En este sentido, y probablemente inspirándose en el sueño de Bolívar de una única patria americana, recomienda reconocer como venezolanos de nacimiento a los hijos de padre y madre extranjeros de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, panameña, boliviana, peruana, guyanesa, y de los Estados y Repúblicas del Caribe, siempre que existiera reciprocidad en las legislaciones de esos países. Los alcaldes serán elegidos por un periodo de siete años, con la posibilidad de una sola reelección, y las leyes, en un país casi siempre agobiado por la inflación, deberán castigar la usura y la "indebida elevación de los precios".