Chávez modera su discurso y acepta convivir con las viejas instituciones durante la transición

ENVIADO ESPECIALEn peligro las inversiones por el tumultuoso clima político que vive Venezuela, las amenazas de los más exaltados seguidores del presidente Hugo Chávez contra las instituciones comienzan a perder fuerza, pues el Gobierno se muestra preocupado por las repercusiones internacionales que acarrearía una disolución a la fuerza del Congreso, que ya se retiró a un segundo plano, y del Tribunal Supremo. "No creo que haga falta disolver la Corte Suprema", declaró a EL PAÍS el presidente venezolano.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, considera que puede convivir con ambas instituciones, si no se ponen rebeldes, mientras se refunda la República. El futuro que se perfila para la Corte Suprema consiste en una alta comisión de justicia, en la que los partidarios de Chávez desean incluir a la actual presidenta del máximo tribunal, Cecilia Sosa, por mor de ofrecer una imagen de respeto a las instituciones. Esta comisión decidiría los asuntos más urgentes de la Administración judicial, y sus poderes abarcarían la destitución de los jueces considerados corruptos o contrarios al nuevo régimen, que se ha marcado como objetivo acabar con 40 años de manga por hombro, durante los que se despilfarraron o se sisaron los millones ingresados por el petróleo, todo ante magistrados que miraban a otra parte o se enriquecían con descaro, según la opinión de los más críticos con el sistema judicial.Sosa no ha confirmado que vaya a integrarse en la alta comisión, pero sus declaraciones en los últimos días han sido conciliadoras, tratando de evitar un enfrentamiento que amenaza con resultar mortal de necesidad para la institución que preside. Preguntada sobre el contenido de la emergencia judicial que la Asamblea estudiará la semana que viene, la magistrada citó ayer, con la esperanza del desvalido, las palabras del presidente de la convención, Luis Miquilena: "La actitud de la Constituyente no será de abuso de poder".

Tampoco ha actuado de oficio la Corte contra la decisión de la Asamblea Constituyente de declararse poder máximo del Estado, después de que los magistrados dictaminasen en abril pasado, en una polémica sentencia, que la única tarea legítima de la convención era redactar una nueva Constitución, y que, por lo demás, debía respetar las instituciones emanadas de la Carta Magna de 1961, la "moribunda".

Aplastante mayoría

Precisamente, lo contrario de lo que han hecho hasta ahora los constituyentes, alentados por la aplastante mayoría (120 de 131 escaños) de que disponen los partidarios del presidente Chávez y la ausencia del mapa político de los partidos de oposición, en desbandada por la tragedia sufrida, y perseguidas sus directivas por la propia militancia.Todo ello se puede considerar, razonablemente, como el "espíritu de colaboración" necesario para no tener que actuar de malos modos contra la Corte, según considera el presidente, quien juzga innecesario disolver el máximo tribunal sólo "bajo el supuesto de que se ponga a colaborar con la Asamblea".

De proceder en contrario, advierte Chávez, "la Asamblea se vería obligada y no le quedaría más remedio que actuar en defensa de la voluntad popular. Ojalá que eso no ocurra".

Más avisados que la magistratura, los diputados ya optaron la semana pasada por desalojar el Congreso, y aunque el presidente de la Cámara baja, Henrique Capriles Radonski, de necesariamente escasa experiencia política a sus 26 años, trate de presentar el caso como un asunto de colaboración y buenas relaciones con la Asamblea Constituyente, el legislador de a pie se siente fuera de combate.

Honrada con la situación, la diputada María Mercedes de Gessen renunció ayer al escaño y al sueldo, y exigió no ser sustituida en el curul por su suplente. "Es como cobrar un contrato de obra y no hacerla", dijo la puntillosa legisladora ante el forzado receso legislativo pactado entre los jefes parlamentarios y los nuevos dueños políticos del país.

Mientras, en el resto del país, gobernadores y otros cargos electos comenzaron a imitar al presidente Chávez, que el jueves puso su cargo a la orden de la Asamblea, esto es, presentó su renuncia.

Más entusiastas que nadie se mostraron en Barinas, Estado natal del presidente, donde el gobernador, Hugo de los Reyes Chávez, progenitor del jefe del Estado venezolano; la presidenta del Parlamento regional, y los diputados locales del oficialista Polo Patriótico presentaron su renuncia, esperando, eso sí, ser ratificados en sus respectivos cargos por la "soberanísima". "¿Usted conoce el procedimiento que se debe cumplir si la Asamblea Constituyente se niega a relegitimarle en el cargo?", se le preguntó al gobernador de Lara, Orlando Fernández, otro de los dimisionarios. "Yo no. Y creo que ellos tampoco lo conocen".