La Generalitat, contraria a que las pensiones suban más que el IPC

El consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, afirmó ayer que las pensiones mínimas no se pueden subir por encima de la inflación (un 2% el próximo año) y que, en cualquier caso, un incremento de las mismas debe estudiarse durante la revisión del Pacto de Toledo, que se iniciará a mediados del año 2000.El consejero ha respondido de esa manera a la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de subir las pensiones más bajas si el Gobierno no lo hace, propuesta a la que se pueden unir Baleares y Canarias.

Frente a ello, el consejero de Trabajo de la Generalitat ha señalado que el Gobierno y los agentes sociales deberían intensificar las conversaciones del Pacto de Toledo para mejorar las pensiones mínimas, tanto las contributivas como las no contributivas, "en la medida que la Seguridad Social lo permita".

El criterio de los socialistas es que esa situación ya se da, y ayer el consejero de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó en Cuenca que es el momento adecuado para exigir que las pensiones comiencen a elevarse por encima del nivel de vida ante la buena situación económica del país.

García-Page dijo que el Gobierno de su comunidad es proclive a que se eleven las pensiones, pero advirtió que no se puede incurrir en el error de pretender que "lo que no haga el Gobierno de España, que es al que le corresponde, lo terminemos haciendo los demás, porque eso terminaría haciendo que en España cada día tengamos un mapa más desequilibrado territorialmente".

En contraste con la decisión unilateral de la Junta de Andalucía, el consejero de Castilla-La Mancha, también gobernada por los socialistas, cree que el mejor mecanismo es que todas las comunidades se unan para exigir al Gobierno central que empiece a elevar las pensiones por encima del índice de precios. Éste debería ser, a su juicio, "el discurso razonable y coherente que podría hacer el ministro de Trabajo, más que lanzar soflamas de vertebración nacional", y mientras que el Gobierno de Aznar "fomenta 17 fiscalidades diferentes".