El Ayuntamiento de Sevilla paraliza un proyecto en marcha de Moneo

El edificio diseñado por Rafael Moneo, premio Pritzker de Arquitectura en 1996, para albergar dependencias municipales en Sevilla ya sólo podrá contemplarse en la maqueta. A pesar de que las obras estaban en marcha, el nuevo gobierno local (PSOE y Partido Andalucista) ha suspendido el proyecto, contratado en unos 5.000 millones de pesetas. El PP estima que la paralización costará 1.500 millones de pesetas. Rafael Moneo, que se confesó "entristecido" por la decisión, defendió sin éxito su proyecto ante el nuevo alcalde socialista.

El actual equipo de gobierno justificó la paralización del proyecto porque contradice la descentralización administrativa que el alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, enarbola como uno de sus objetivos. Se trata de la segunda medida polémica de Monteseirín, que se subió el sueldo en el primer pleno, aunque rectificó después. El edificio municipal del Prado, de seis plantas y 24.000 metros cuadrados, pretendía albergar servicios administrativos que se encuentran actualmente dispersos por la ciudad. El segundo argumento para suspender las obras, adjudicadas en marzo a Dragados y Construcciones por 4.978 millones de pesetas, es de índole económica.Rafael Moneo intentó defender ante el actual alcalde la idoneidad de la obra. "No entro en las razones que puedan esgrimirse sobre otras prioridades, pero no dudo de lo conveniente que era para Sevilla", indicó. El arquitecto, que confía en que pueda recuperarse en el futuro, se confesó "entristecido" por la decisión.

Los socialistas aducen que la reurbanización de algunas barriadas sevillanas urge más que la construcción de la obra de Moneo, autor de otros edificios singulares en Sevilla, como la sede de La Previsión Española o la nueva terminal del aeropuerto de San Pablo. "Siempre hemos estado en contra por el coste de un edificio megalómano, a mayor gloria de la ex alcaldesa", esgrimió el delegado de Hacienda, el socialista Carmelo Gómez.

El proyecto del Prado constituía la actuación más ambiciosa emprendida durante el mandato anterior por la popular Soledad Becerril, que defendió la necesidad de contar con un edificio funcional que, además, culminaba la ordenación urbanística de la zona. Becerril cree que sólo el "revanchismo" de sus sucesores explica la marcha atrás.

La paralización obligará al Ayuntamiento de Sevilla a indemnizar a la constructora por el desestimiento del contrato. El informe elaborado por la intervención y la secretaría municipal plantea que la Administración, como criterio general, tendrá que abonar al contratista el 6% de la obra. La compensación en este caso, salvo acuerdo contrario entre ambas partes, rozaría los 300 millones de pesetas.

A esta indemnización habría que sumar las que reclamen las entidades bancarias que concedieron el pasado 6 de junio préstamos por un total de 6.000 millones de pesetas para financiar los trabajos. Entre las cláusulas de las operaciones figuran la posibilidad de "exigir daños y perjuicios, gastos y costas" por la resolución del contrato.

El enterramiento del proyecto, según estimaciones del Partido Popular, alcanzará los 1.500 millones de pesetas, el 30% del coste total de la obra, al sumar las cantidades ya abonadas y las indemnizaciones a los afectados.