¿Dónde está el lino?

Una comisión parlamentaria de investigación no es un juicio, aunque se le parece mucho en algunas cosas; la principal y radical diferencia estriba en que en éstas tan sólo se pueden dilucidar responsabilidades políticas y no penales, pero tiene una gran importancia la creación de una comisión de investigación; de ahí lo poco que proliferan. En esta legislatura, la comisión que investiga lo que ha pasado con el cultivo del lino es la segunda que se crea y la primera que investiga al Gobierno del Partido Popular. La otra fue la conocida como "la de los 200.000 millones", que tuvo la peculiaridad de investigar a un Gobierno que ya no había y al que difícilmente se le podrían haber exigido responsabilidades políticas, que, por otra parte, no existían; pero ésa es otra historia. Si una comisión de investigación fuese un juicio, habría que pedir urgentemente la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora por la comisión que investiga el cultivo del lino. Veamos. Primero, el calendario: 36 comparecencias en seis días impide, desde todo punto de vista, la serenidad en el interrogatorio de los comparecientes. El horario, como consecuencia de lo anterior, es todavía más carente de seriedad; 14 horas diarias de comparecencias seguidas, una detrás de otra, sin tiempo para asimilar lo dicho por un compareciente u otro, nos hace repetir las preguntas y enredarnos en discusiones que podrían quedar relativamente claras; no nos oímos los unos a los otros, y llega un momento en el que -todo el mundo lo compren-derá- no asimilamos ni sirve para nada más que para cubrir las apariencias lo que allí estamos haciendo. Segundo, la documentación requerida nos ha sido facilitada por el Gobierno tarde y mal. Hay documentos anónimos, sin fecha ni firma, que fijan ya las conclusiones jurídicas a las que el PP nos quiere llevar y, por otro lado, faltan documentos clarificadores de las competencias, y sobre todo hemos hecho las comparecencias de los, llamémosles, sospechosos sin tener aún las declaraciones de bienes, patrimonio y actividades de los altos cargos del Ministerio de Agricultura. Esta documentación está pedida desde el 24 de junio, y el 25 de julio, cuando yan han comparecido los afectados, llega un telegrama a nuestro domicilio en el que se dice que, por su carácter confidencial, está a nuestra disposición en un departamento del Congreso que, como es sábado, está cerrado por vacaciones. Es todo una burla y una farsa que en cualquier institución seria -y el Congreso de los Diputados debería ser la más seria de todas- produciría la nulidad de todo lo actuado. El presidente no responde a nuestras quejas. ¿Estará de vacaciones?

¿Y por qué están haciendo todo esto el Gobierno y el PP, con el consentimiento de sus socios parlamentarios Coalición Canaria y Convergència i Unió? (que, por cierto, son ya los únicos que les quedan). Pues, sencillamente, porque no quieren que la opinión pública se entere diariamente y con sosiego de todo lo que allí se está diciendo. ¿Cómo va a ser igual lo que puedan recoger los medios de comunicación de lo que se dice en 14 horas en un día que lo que tenía que haberse dicho en 14 días por lo menos? Son tantas las cosas de las que nos enteramos, que todas no pueden salir, y no salen. ¿Saben los lectores, por ejemplo, que todo el lino que se cultiva en Navarra representa una cantidad igual que la que cultiva el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, don Carlos Moro, "agricultor a tiempo parcial", o a la quinta parte de lo que cultivan los familiares de don Nicolás López de Coca, ex subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y ex presidente del FEGA, organismo responsable de las ayudas del lino textil, sin que, además, se les haya aplicado la vigente Ley de Incompatibilidades de altos cargos?

Los problemas que están saliendo en la comisión, además de los formales que son tan importantes en estos trabajos y que están condicionando el fondo, son de una doble naturaleza: por una parte, los relativos al aumento producido en el cultivo del lino, que en España ha tenido un incremento de superficie entre 1994 y 1997 del 1.261% -sin que guarde ningún paralelismo con la evolución de superficie de lino en el resto de los países de la Unión Europea y sin que dicho crecimiento haya estado asociado a una mayor demanda del mercado, sino al importe de las ayudas otorgadas por la Unión Euro-pea-, y al cobro de estas subvenciones por parte de altos cargos del MAPA. En el crecimiento del cultivo del lino tiene mucho que ver la decisión de organizar una trama empresarial para facilitar las documentaciones necesarias para el cobro de las altísimas subvenciones que otorga la Unión Europea a este producto. La expansión ha estado asociada a la comercialización de semillas y a las plantas transformadoras, y ambas son propiedad en muchos casos de los altos cargos del Ministerio de Agricultura. Se han descubierto irregularidades, incumplimientos flagrantes de la legislación, incompatibilidades y mucha inmoralidad.

Y luego, la pregunta del millón: ¿dónde está el lino que se cultiva en las 100.000 hectáreas que se dedican en España a este producto? Nadie ha sabido respondernos. A lo más que hemos llegado es a que nos digan que una parte muy pequeña, alrededor del 10% del total de la producción -y algunos dicen que ni eso-, se dedica a la industria papelera y a la industria auxiliar del automóvil, nunca a la industria textil. ¿Y dónde está el 90% restante? Pues, si no pensamos mal -en incendios y en esas cosas-, tenemos que concluir que es uno de los secretos mejor guardados. Parece inconcebible que una industria esté transformando algo y después de transformarlo lo haga desaparecer y, mientras tanto -así lo ha dicho reiteradamente la mayoría de los comparecientes-, la industria textil española importa del orden de 14.000 toneladas anuales de lino. De ahí la preocupación de la Unión Europea por lo que está pasando con el lino en España y sus llamamientos al Gobierno para que luche contra los cazaprimas, que "haberlos, haylos" en todos los países europeos como ocurre en España. Hay que decir, para intentar decirlo todo, que las ayudas al lino son de 120.000 pesetas por hectárea, mientras que en otros cultivos está en 60.000 pesetas por hectárea. ¡Somos el principal país europeo cultivador de lino y no tenemos mercado!

La línea de defensa del PP está en intentar "suprimir" las competencias del Ministerio de Agricultura en esta materia asegurando que sus funciones se limitan a poco más que a ser "un buzón de sugerencias" de la UE y de las comunidades autónomas con competencias en esta materia, y la apoyatura de siempre de las mismas, incluida Cataluña, en las normas emanadas de la Administración General del Estado y concretamente del Ministerio de Agricultura.

¿Dónde está el problema político que ha hecho que celebremos esta comisión a finales del mes de julio y con nocturnidad y alevosía? Pues, muy sencillo: en que la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio, por acción u omisión -eso aún no podemos afirmarlo, porque todavía no ha comparecido-, es la responsable de que desde su ministerio algunos de sus altos cargos estuvieran alentando y beneficiándose económicamente de un cultivo que todo el mundo -y sobre todo ellos- sabía que no tenía ninguna salida comercial. La ex ministra también lo sabía y lo consintió, cometiendo así una grave irresponsabilidad política, y ahora hay que sacarla como sea de donde se ha metido; y por eso esta farsa de comisión que ha montado el PP y que sus socios parlamentarios consiente. Quieren cerrar la comisión como sea -y cuanto antes, mejor- para ver si de esta manera la dejan limpia de polvo y paja. Pero estamos hablando de muchos millones de pesetas y tendremos que intentar aclarar las cosas, aunque nos lo haga casi imposible. Y lo denuciaremos donde y cuando podamos: ésa es, ni más ni menos, nuestra obligación.