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EL 'CASO DEL LINO'

De Palacio limita el 'caso del lino' a un reproche al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

CiU, el Partido Popular y la ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, escenificaron ayer en la comisión que investiga presuntas irregularidades en la percepción de subvenciones europeas al lino lo que probablemente va a ser la única consecuencia política de las dos semanas de comparecencias: el cuestionamiento de la actuación del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, a quien tanto los populares como sus socios nacionalistas catalanes y la propia ex ministra atribuyen un "problema estético" por compatibilizar su cargo con la percepción de ayudas agrícolas.

Las tres partes mencionadas admitieron, aunque con matices, que Moro, importante cultivador de lino en la provincia de Cuenca -en sus tierras cultiva cinco veces el lino que se produce en Navarra- e importante receptor de ayudas de la Unión Europea -82 millones desde 1994-, podría haber vulnerado la Ley de Incompatibilidades de Altos cargos, que permite a éstos sólo "la mera administración de su patrimonio personal y familiar".Ante la comisión del lino, el propio Moro admitió que era "empresario agrícola" y propietario de una explotación agraria, junto con su esposa, por la que tributa en régimen de módulos, algo que hacen habitualmente quienes tienen la consideración de empresarios.

De Palacio esgrimió ayer ante la comisión la misma argumentación que el PP ha mantenido durante dos semanas para negar la existencia de una trama de altos cargos de Agricultura dedicada a la caza de primas por el cultivo del lino. Según De Palacio, el herbáceo no lo cultiva el dimitido presidente del Fondo Español de Garantía (FEGA), Nicolás López de Coca, ni lo cultiva el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, sino sus familiares. También dijo que ninguno de los dos utilizó información privilegiada en su provecho y ni vulneraron la legalidad porque todas las competencias de control, gestión y pagos de ayudas son de las comunidades autónomas.

En cuanto a la situación del también dimitido director de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, sencillamente, dijo, no tiene la consideración de alto cargo. Sin embargo, no mencionó en ningún momento al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y sólo afirmó, aunque sin aparente hilazón, que "queda únicamente por discutir el posible problema de estética en la actuación de alguno de estos altos cargos", en referencia a Carlos Moro.

La ex ministra sólo flaqueó cuando la diputada del PSOE, Amparo Rubiales, le preguntó si conocía el destino del lino que se produce en España. Loyola de Palacio eludió la respuesta en dos ocasiones y, finalmente, aseguró que "quien debe contestar son las comunidades autónomas". Las comparecencias de empresarios, consejeros autonómicos y agricultores ante la Comisión han dejado claro que un 90% del lino producido en España no tiene utilidad ni destino alguno. De Palacio tampoco se encontró cómoda al responder a preguntas concretas sobre la situación económica de sus altos cargos. Rubiales destacó que López de Coca ha avalado con 70 millones de pesetas las industrias de sus hijos en el lino, por lo que mientras fue responsable del FEGA (dimitió a raíz de que saltara el escándalo) tenía interés directo en el mismo asunto que sus hijos. La diputada socialista concluyó que el dato muestra la "confusión entre lo público y lo privado" que se dio en el Ministerio de Agricultura.

La ministra replicó que es "lógico" dicho aval. "A mí también me ha avalado mi padre cuando lo he necesitado" aseguró. Sobre la situación del director general de Ganadería, que tiene régimen de gananciales con su esposa, cultivadora de lino, la ex ministra no hizo comentarios.

Investigación

También el representante de CiU, Ignaci Guardans, distinguió claramente en sus intervenciones entre los altos cargos de Agricultura y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Guardans aseguró que, en sus conclusiones, su grupo instaría a investigar la situación de Moro por la Intervención General de la Administración del Estado. Incluso el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, reconoció ayer, a preguntas de Guardans, que la posición de Moro puede ser cuestionable si compatibilizó intereses de empresa con su condición de representante único de la Administración del Estado en Castilla-La Mancha.También el PP, a través de su portavoz en la Comisión, Jaime Ignacio del Burgo, ha distinguido en los últimos días entre la posición de los altos cargos del Ministerio, que considera inatacable y la del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, aunque, al igual que la ex ministra de Palacio, ha calificado la situación de Moro como un problema "de estética". Carlos Moro, ex director de la Fundación Humanismo y Democracia y antiguo militante del Partido Demócrata Popular (PDP), coincidió con el ex director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz y con el ex presidente del Fondo Español de garantía Agraria, Nicolás lópez de Coca, en transformar lino en la empresa Colino, propiedad de los hermanos Ruiz Paz. Su declaración ante la Comisión de Investigación no convenció a ningún grupo, excepto, aparentemente, al Partido Popular. Según afirmó, se dedicaba a su explotación agraria "en fines de semana y en vacaciones" y empleaba a un único trabajador para atender sus intereses agrícolas.

Moro fue acusado por el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, de haber sido uno de los tres únicos agricultores del lino, entre el millar existente en la comunidad, que llamó "de forma insistente" a la consejería para intentar evitar un endurecimiento de los controles impuestos al lino. Los otros dos agricultores que, según Alonso, llamaron a la consejería fueron el ex presidente del FEGA, Nicolás López de Coca y el ex director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz. Con el cuestionamiento de la actuación de Moro, y limitándola a la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades, el PP, CiU y Coalición Canaria, consideran cerrado el caso del escándalo del lino. Para los tres partidos y para la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, todo el caso se reduce "a un montaje electoral" del PSOE en cuya discusión se ha probado que no ha existido trama de cazaprimas alguna.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de julio de 1999