CC OO decide a última hora no firmar el reglamento de fundaciones sanitarias por la falta de consenso social
El sindicato CCOO decidió ayer retirar su apoyo expreso al reglamento que hará posibles las fundaciones públicas sanitarias. Y lo hizo para no ahondar en "el disenso político y social" en torno a estas figuras, justo el mismo día en que la mesa sectorial tenía previsto aprobar el texto, negociado con el Insalud durante seis meses. Este cambio de última hora arrastró consigo a los otros tres sindicatos que apoyan el reglamento.El viraje de CCOO resultó extraño. Su representante en la negociación con el Insalud, Teresa Goig, alabó el último borrador del reglamento sobre nuevas formas de gestión sanitaria momentos antes de la reunión de la mesa sectorial. Pero a la hora de estampar, en nombre de su sindicato, la firma que mostraba su apoyo al texto no lo hizo. De hecho no hubo documento escrito alguno porque, ante la actitud de CCOO, el sindicato de funcionarios CSIF y los de enfermería SATSE y SAE tampoco firmaron. La decisión de no suscribir el texto, madurada en la última semana en el seno del sindicato, según fuentes del mismo, es pues más de forma que de fondo. De hecho el reglamento ha incorporado muchas de sus propuestas a lo largo de la negociación, un proceso que valora el sindicato. Lo que hace imposible el apoyo de la central es la falta del "consenso político y social necesario", algo que CCOO achaca tanto a la incapacidad del Gobierno para propiciarlo como al debate "virulento y desenfocado" creado en torno a estas figuras, según el comunicado de su Secretaría Confederal de Política Institucional. Todas las fuerzas parlamentarias de izquierda, así como asociaciones profesionales, de vecinos y de consumidores y algunas secciones sindicales de CCOO se han opuesto al modelo.
UGT y la CESM reiteraron ayer su oposición al proyecto. Pero al presidente ejecutivo del Insalud, Alberto Núñez Feijoo, le basta con el apoyo verbal de los otros sindicatos al texto, que permitirá a los centros sanitarios gozar de un presupuesto y un patrimonio propios y autonomía para su gestión. Para ello el Gobierno tiene previsto aprobar el reglamento antes de fin de año.
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