La Fiscalía Anticorrupción investiga el fraude del lino a instancias de la Comisión Europea

La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, está investigando el fraude de las subvenciones del lino, como consecuencia de una denuncia que le remitió la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la Unión Europea. El documento, recibido hace seis días, hace un relato genérico de las irregularidades más significativas en el caso del lino e insta a la Fiscalía a que indague los hechos e interponga acciones penales contra los responsables en caso de detectar la existencia de delitos. Jiménez Villarejo ha encargado el asunto a David Martínez Madero, el fiscal que lleva menos tiempo a su cargo.

De la denuncia de la OLAF no se desprenden acusaciones concretas contra la ex ministra de Agricultura y futura comisaria europea Loyola de Palacio, aunque el hecho de que altos cargos del Ministerio de Agricultura hayan recibido subvenciones al cultivo de lino ha sido una de las causas que ha impulsado la actuación de la OLAF. El presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, y el director financiero de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, dimitieron tras conocerse que ellos o sus familias recibieron ayudas. Se trata de esclarecer si ha habido desviación de las ayudas por el lino o una utilización fraudulenta de éstas, puesto que el lino no se transformó como exige la directiva relativa a este cultivo, sino que se quemó.

La denuncia ni siquiera llegó a la Fiscalía General del Estado, como hubiera sido de esperar al provenir de la OLAF, un organismo comunitario, sino que se remitió directamente a la Fiscalía Anticorrupción, que por otro lado es legalmente la competente para conocer del asunto por tratarse de un supuesto fraude comunitario de cierto volumen.

Consulta a Cardenal

El fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, consultó, sin embargo, con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien autorizó la apertura de diligencias informativas. El fiscal David Martínez Madero ha iniciado ya las investigaciones y ha recabado información en varias provincias y comunidades autónomas, en concreto Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, sobre las plantaciones, empresas de transformación, subvenciones e incendios. También ha solicitado información al Ministerio de Agricultura sobre las ayudas. Fuentes de ese ministerio confirmaron a Europa Press que el martes entró en el registro del departamento el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción. En la nota remitida se señala que la información requerida "se refiere a las ayudas comunitarias en el sector del lino textil, concretamente a las circunstancias de adjudicación de ayudas comunitarias y a las medidas de control efectuadas para garantizar la buena utilización de los fondos comunitarios". Agricultura mostró su disposición a colaborar.

Las subvenciones al lino exigen que se demuestre el número de hectáreas destinadas a su cultivo, que se utilicen semillas certificadas, homologadas y suministradas oficialmente y que se acredite que la planta recolectada se sometió a un proceso de transformación.

Aunque la verificación de esta labor puede parecer ardua, fuentes oficiales señalaron que no lo es tanto, especialmente porque basta con controlar a una docena de empresas transformadoras, ya que sólo existen dos o tres por cada comunidad autónoma, y será en ellas donde se van a centrar las investigaciones.

La Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea (antes Unidad de Control de Lucha Antifraude, UCLAF) es un organismo independiente aprobado a finales de mayo pasado por los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) para la lucha contra el fraude. La agencia antecesora, UCLAF, dependía directamente de la Comisión Europea, pero a raíz de la crisis de esta institución, los ministros decidieron crear el nuevo organismo OLAF, completamente independiente, para que pudiera investigar en las instituciones comunitarias o incluso en los Estados miembros cualquier sospecha de fraude, corrupción o actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la UE. Actualmente está dirigida por el danés Per Brix Knudsen, designado para un mandato de cinco años.