Sólo uno de los 5.198 abortos practicados en 1998 tuvo lugar en un hospital público

Interrumpir el embarazo en la red pública sanitaria se ha convertido en una rareza. Sólo una de las 5.198 valencianas que abortaron el año pasado pudo hacerlo en un centro del Servei Valencià de Salut, pese a ser los que cuentan con mejores instalaciones. La razón: la objeción de conciencia esgrimida por el personal médico. La apelación masiva a esta cláusula ha provocado una privatización de hecho de los abortos. Las interrupciones de embarazo en centros concertados supusieron en 1998 un 32% del total, siete puntos menos que en 1997. El resto se realizó en centros privados.

"Los médicos que tradicionalmente han practicado interrupciones están perseguidos por sus compañeros, para ellos son los aborteros". Lo dice Neus Pons, secretaria de la mujer del sindicato Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, quien no duda de que el desprecio hacia los ginecólogos que realizaban los abortos en los hospitales públicos por parte de sus compañeros y el hecho de que las intervenciones pesaran sobre los hombros de unos pocos -por lo que se encasillaban profesionalmente en este tipo de intervenciones- ha provocado una situación que, el año pasado, redujo a uno el número de profesionales de la sanidad pública que practicaron abortos. La mayoría de los centros públicos carecen de un equipo completo de facultativos (ginecólogo, anestesista...) que no hayan objetado para practicar abortos, lo que explica que el año pasado el 99,98% de las mujeres que se sometieron a esta intervención fueron derivadas a un centro privado. Una cifra muy elevada, pero menor a la de 1997. Si en 1998 sólo se practicó una interrupción de embarazo en un centro público de un total de 5.198, en 1997 los 4.252 abortos realizados tuvieron lugar en clínicas privadas, según consta en la memoria anual que elabora la dirección general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. La ley del aborto -aprobada en 1993 pero recurrida ante el Tribunal Constitucional, por lo que no entró en vigor hasta mediados de 1995-despenalizó la interrupción del embarazo para tres supuestos: en caso de violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre. Hasta 1996 había facultativos que practicaban abortos en los hospitales La Fe y Peset Aleixandre de Valencia, como explica un alto cargo de la consejería. Actualmente los ginecólogos de los hospitales se han inclinado masivamente por la objeción, hasta tal punto que el año pasado sólo un ginecológo de la red pública valenciana realizó una intervención. Sólo existe un pequeño hospital público comarcal que cuenta con médicos dispuestos a realizar abortos, un centro que desde Sanidad se niegan a identificar: "Lo señalarían con el dedo y no volvería a practicar intervenciones en la vida". Poco y mal A la consejería parece no importarle que el sector privado haya monopolizado de hecho la práctica de los abortos, un servicio más de la atención sanitaria del Servicio Valenciano de Salud. Para Pons la razón es clara: a través de una red de conciertos, la Administración se ha quitado de encima un tema que levanta ampollas en el colectivo médico. La solución elegida, sin embargo, no funciona bien, según admiten desde las propias clínicas concertadas, quienes se quejan de que cobran poco. Desde que se aprobó el programa, en 1993, la consejería no ha subido una peseta las 36.000 que paga por intervención, cuando en un centro privado cuesta 60.000. Pero no sólo la acusan de pagar poco sino también tarde. "Aún no hemos ingresado intervenciones del año pasado", se lamentaba el gerente de una de las clínicas que interviene a mujeres embarazadas en la ciudad de Valencia. Pese a los conciertos, el número de mujeres tratadas en clínicas totalmente privadas supera a las que se acogen a las ayudas de la Generalitat. Los abortos concertados supusieron en 32% (un total de 1.698) de los practicados el año pasado. Numerosas clínicas privadas autorizadas a realizar este tipo de intervenciones prefieren no concertar sus servicios. Un ejemplo es la actitud del gerente de la clínica Deia de Valencia, Francisco Valero, quien se niega a recibir pacientes de la red pública por militancia: "Entiendo que el dinero público no se ha de gastar en conciertos sino en prestar un servicio desde la red pública". Valero era uno de los escasos médicos que en los ochenta realizaba abortos en el Hospital General de Valencia, hasta que se le acabó el contrato que tenía con este centro y no se le renovó. Reniega de una objeción de conciencia que permite acogerse a la cláusula "hasta a la mujer de la limpieza". Pero no sólo de ello. También de la inseguridad jurídica de los centros privados que "cada dos por tres se enfrentan a la venganza de novios rencorosos que denuncian el aborto que hizo su novia". Para Pons una solución que resolvería la dependencia de los centros privados sería que a través de la red pública se dispensara la píldora abortiva, la RU 486 y, tras la administración del fármaco, se ofreciera seguimiento médico a las mujeres. Otras de las propuestas que lanza la responsable de Comisiones Obreras es la contratación de facultativos a través de una oferta pública que se encargaran de realizar las intervenciones en los hospitales públicos a sueldo de la consejería. Pero Sanidad no se fía de los médicos: "Al día siguente de haber jurado que no se acogerían a la objeción de conciencia podrían hacerlo y seguiríamos igual".