Exilio forzoso hacia clínicas privadas de Barcelona o Madrid

La red asistencial valenciana es incapaz de dar respuesta a las mujeres embarazadas de más de tres meses que desean abortar y que cumplen los requisitos legales para ello. No hay hospitales públicos ni clínicas privadas suficientes que puedan cubrir esta necesidad en la Comunidad. El año pasado unas 150 valencianas embarazadas de más de 90 días, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, fueron derivadas por la propia Administración valenciana hacía clínicas privadas madrileñas y barcelonesas para que les practicaran la interrupción del embarazo. Suelen ser mujeres a las que se detectan malformaciones en los fetos y que debido a la prolongación de las pruebas médicas que se les practican superan el plazo de los tres meses. Practicar un aborto a estas mujeres o a embarazadas con problemas de salud implica operaciones de alto riesgo que requieren unas instalaciones de las que carecen las clínicas privadas acreditadas en la Comunidad. La intervención es similar en muchos casos a un parto -dependiendo del tiempo de embarazo- por lo que es necesario contar, al menos, con un quirofano habilitado y un banco de sangre. Las dos clínicas privadas concertadas con el SVS en Valencia, Meditarránea Médica y Acuario, han solicitado a la Administración practicar conjuntamente interrupciones de embarazo de segundo trimestre en un hospital maternal de Beniarbeig, a pocos kilómetros de Dénia. Hasta el momento no han recibido respuesta alguna. Pese a que los hospitales públicos están perfectamente dotados de material e infraestructuras, se encuentran inutilizables en la práctica para realizar abortos por la objeción de conciencia a la que se acoge casi todo el personal sanitario. La solución por la que ha optado la Administración ha sido alejar el problema y desviar a las embarazadas a las clínicas madrileñas Isadora y El Bosque y a la catalana Dexeus. Desde la Consejería de Sanidad se reconoce que no es la mejor forma de resolver este vacío asistencial. "Nos gustaría que la gente no tuviera que desplazarse fuera", señala un alto cargo. Sin embargo descargan la responsabilidad hacia el personal sanitario: "El problema no es de la consejería, sino de personas", aquellas que no quieren practicar los abortos.