Las fundaciones y el carísimo modelo catalán

La concurrencia de la medicina privada es, sin duda, parte del Sistema Nacional de Salud. Una de cada tres camas hospitalarias en funcionamiento pertenece a una entidad privada. El concierto del sistema público con servicios privados es una modalidad veterana que tiene especial tradición en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, donde se produce incluso la peculiar situación de contar con más camas privadas disponibles que públicas: 18.335 frente a 11.486. El Gobierno del PP se ha propuesto mejorar la sanidad pública aplicando parámetros de gestión privada. Al margen del modelo Alzira, que tiene unas características claras de confiar la sanidad pública a la empresa privada, el modelo de fundaciones que quiere extender en el Insalud (que da servicio al 38,18% de la población española) sigue siendo plenamente público, pero dota a cada hospital de autonomía de gestión con capacidad para contratar personal laboral y de incluso alquilar sus servicios.

El PP pretende de esta manera incorporar en los hospitales la competitividad, para obtener mejor servicio a un menor coste. Sin embargo, la sanidad catalana, la que tiene la más amplia concurrencia privada, ha demostrado ser una de las más caras de España. El Servicio Catalán de Salud acumulará a final de este año una deuda de más de 300.000 millones de pesetas (véase EL PAÍS del 25 de marzo pasado), a los que habrá que sumar otros 104.000 de la red concertada. Cataluña, tras 16 años de autogobierno sanitario, ya no puede acogerse a más moratorias para hacer frente a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El último acuerdo de noviembre pasado sobre la financiación de la sanidad para el cuatrienio 1998-2001 estableció las bases para acabar con el déficit histórico de las siete autonomías que tienen transferida esta materia y en él Cataluña resultó la más favorecida, recibiendo el año pasado 102.543 pesetas por habitante frente la media, situada en 96.744 pesetas.