La sanidad privada goza de buena salud

El mercado de las aseguradoras sanitarias privadas no deja de crecer y las expectativas de mejora se han multiplicado. La sanidad privada, lejos de retroceder como insistentemente afirma el ministro José Manuel Romay, avanza. Los analistas creen que no es sólo gracias a los fallos del sistema público, sino que aumenta en general la demanda de sanidad, ya sea pública o privada, dada la mayor calidad de vida, el envejecimiento de la población y el mayor nivel adquisitivo, a lo que se suma la decidida política del Gobierno del PP por apoyar a la concurrencia privada, como prueba la nueva ley de IRPF, que permitirá a las empresas desgravar por la contratación de pólizas colectivas para sus empleados. La recaudación de las aseguradoras privadas de asistencia sanitaria se incrementó en un 11,17% en 1997 con respecto al año anterior (no se tienen aún datos posteriores a nivel global) y las expectativas son espléndidas.

El grupo Adeslas, por ejemplo, facturó el pasado año más de 70.000 millones de pesetas y prevé aumentar esta cifra hasta los 111.000 millones el próximo ejercicio. Bien es cierto que Adeslas ha recibido un importante impulso gracias a la política popular. Esta compañía multiplicó por seis la cifra de su capital social pocos meses antes de hacerse cargo, en enero pasado, de la gestión del hospital valenciano de Alzira. Este centro sanitario erigido con dinero público deja en manos de un grupo de empresas liderado por Adeslas la cobertura sanitaria de la zona, con una población de 230.000 personas. El modelo, denostado por la oposición, permitirá a la empresa obtener beneficios si gestiona bien el monto total de dinero que le adjudique cada año la Generalitat valenciana.

En estos momentos, seis millones de españoles pagan primas de más de 50.000 pesetas anuales para obtener asistencia sanitaria privada. Y eso a pesar de que, como todos los ciudadanos, mantienen también con sus impuestos la sanidad pública, que tampoco para de crecer y que garantiza la asistencia universal y de calidad. Esos ciudadanos que optan por el sistema privado dicen que éste les ofrece una asistencia inmediata y personalizada, lo que el sistema estatal rara vez aporta. "Los tiempos de espera para pruebas diagnósticas tan sencillas como un electrocardiograma son aún inaceptables", afirma el interventor general de la Seguridad Social, Jaime Sánchez Revenga, en un estudio de la consultora Price Water House Coo-pers.

Según Romay, la reducción de las listas de espera quirúrgica en el sistema público está frenando la demanda de sanidad privada. Los datos desmienten esta afirmación y, además, hay quien asegura que el avance de la medicina privada se debe en gran parte al enorme servicio que aporta la pública. "Los privados pueden ganar dinero porque cuando el enfermo tiene un problema realmente grave puede acudir a la sanidad pública", explica Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Pero la reivindicación histórica de las aseguradoras privadas es la de terminar con esa doble cotización que "castiga" a los que eligen el sistema privado. En parte, la ley del IRPF mencionada atiende esa demanda. Esta ley, en vigor desde el 1 de enero, permitirá a las empresas que suscriban a sus trabajadores pólizas privadas de salud deducir el 36% de las mismas. Los trabajadores que las perciban no deberán cotizar por ellas como rendimiento es especie.

Para Sánchez-Bayle terminar con la doble cotización es quebrar la equidad y el aseguramiento único, que es fundamental.

"No entiendo por qué tanto miedo a romper el aseguramiento único, cuando éste está roto desde hace 30 años con el sistema Muface", alega Enrique de Porres, adjunto al presidente de Asisa. De Porres es partidario del sistema de aseguramiento público único, al margen de quien ofrezca la atención sanitaria.

De Porres ve en el modelo Muface un ejemplo a seguir. Su compañía, Asisa, atiende al 80% de los dos millones de funcionarios acogidos a él, por lo que De Porres afirma: "Somos parte del sistema nacional de salud". En Sanitas añaden: "Nuestra actividad debería ser considerada una labor social altamente necesaria, si además se tiene en cuenta su efecto aliviador sobre la presionada asistencia del sistema público".

Estas compañías advierten de que la gente debe distinguir entre sus seguros privados y los colectivos. El primero puede encarecer una prima en razón de la edad u ofrecer prestaciones limitadas. El otro, dicen, no selecciona a los pacientes y obliga a prestarles toda la atención sanitaria que requieran, por lo que si desvía al enfermo a la pública la aseguradora corre con el gasto generado.