Trabajo avisa a las grandes empresas que pondrá freno a las prejubilaciones a cargo del Estado

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, quiere abrir un debate social, y en el seno del Pacto de Toledo, para poner freno a las prejubilaciones en empresas con beneficios. De momento, su departamento "va a analizar" con detenimiento los expedientes de regulación de empleo que presentan esas compañías, y así intentar paliar un sistema que cuesta a las arcas del Estado 100.000 millones de pesetas al año. El llamamiento del ministro coincidió con la retirada por parte de Telefónica, también ayer, de su propuesta de aplicar prejubilaciones para trabajadores con 42 años de edad.

Las prejubilaciones supondrán este año al Estado un coste de unos 100.000 millones de pesetas -incluido el gasto en prestaciones por desempleo, que será de 82.000 millones, y las ayudas públicas previas a la jubilación, otros 17.000 millones-, según los datos facilitados por el ministro de Trabajo. Los 82.000 millones proceden directamente del Instituto Nacional de Empleo (Inem) para compensar a los empleados que, con más de 52 años, dejan de trabajar y pasan al desempleo, mientras que los otros 17.000 millones sirven para compensar las bases de cotización de los empleados hasta que alcancen la edad de jubilación (65 años), y son ayudas que recibe el beneficiario de una sola vez por parte del Estado.

Al coste que suponen para las arcas públicas las prejubilaciones hay que añadir lo que gastan las propias empresas afectadas por ese tipo de procesos, que también colaboran para garantizar un flujo salarial adecuado a los trabajadores hasta que llegan a la edad de jubilación.

La fórmula de las prejubilaciones se puso en marcha en la reconversión industrial de los años ochenta, y el ministro de Trabajo acepta que entonces estaba justificada, como también en etapas posteriores, para superar "la crisis de empresas que se jugaban su viabilidad". Pero entiende que la situación ahora es muy diferente.

Empresas con beneficios

Pimentel fue muy escrupuloso y no nombró a ninguna empresa. Pero el llamamiento iba claramente dirigido a Telefónica, Endesa y otras eléctricas, Fasa Renault y empresas que se están privatizando y que, con elevados beneficios, recurren a las prejubilaciones y cargan una parte de los costes a las arcas del Inem. Las palabras del ministro (a las once de la mañana) fueron seguidas (a la una de la tarde) por un cambio en los planes de Telefónica para su ajuste de plantilla. A esa hora, la compañía comunicó a los sindicatos que retiraba su propuesta de extender la posibilidad de la prejubilación a los trabajadores de 42 años, y la mantiene para quienes tienen entre 52 y 60 años, que es la edad habitual en estos procesos.

Telefónica aseguraba ayer al respecto que no ha recibido ninguna comunicación oficial para que cambie el expediente y que ha modificado su propuesta para facilitar un acuerdo con los representantes sindicales.

Tras la anulación de la propuesta de 779 prejubilaciones a los 42 años, Telefónica las prevé ahora para 8.097 empleados mayores de 52 años. Si todos se acogen a esa opción, el coste para el Inem será de unos 12.000 millones de pesetas anuales y de 60.000 millones para el conjunto de los ocho años. Ese dinero que debe pagar el Instituto Nacional de Empleo en prestaciones de paro es el ahorro que obtiene la compañía, que además cuenta con una provisión de fondos de 459.000 millones de pesetas para complementar los ingresos de quienes salen de la plantilla.

El ministro no está de acuerdo con la retirada de los trabajadores a los 52 años, y mucho menos a los 42 años, edad que citó de pasada como "un supuesto extremo que alguna empresa ha eliminado". En su criterio, expulsar del mercado laboral a personas de la edad citada y hacerles creer que no son capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías o ser productivas es "un mensaje perverso sobre el que deberíamos empezar a reflexionar", y un "fracaso" del actual sistema.

Por ello propuso que "se abra un debate social, quizás en la revisión del Pacto de Toledo", sobre las pensiones, prevista para el próximo año. Asimismo, anunció que es una propuesta que va a presentar en la ponencia que deben constituir los partidos políticos y en el debate con los agentes sociales "para que se discuta con tranquilidad".

Mientras tanto, el Gobierno no piensa cambiar los mecanismos legales, ni tiene intención de modificar las condiciones de acceso a la protección por desempleo o reducir las prestaciones. Cuando sí piensa actuar de inmediato Trabajo es a la hora de "analizar con detenimiento si existen causas justificadas" cuando se presentan los correspondientes expedientes de regulación (ERE) de empleo por parte de las empresas. No obstante, Pimentel reconoció que "con la ley actual tenemos poco margen".

Causas justificadas

En esos expedientes, al igual que en los despidos, son causas justificadas las económicas (situación negativa de la empresas), técnicas, organizativas o de producción. Eso supone un amplio margen en el que cabe cualquier cambio organizativo que preparen las empresas. Además de analizar con lupa las causas argumentadas en los expedientes, los expertos del ministerio "darán su opinión en los contactos previos" que mantienen con los responsables de las empresas. En cuanto a los datos sobre la situación actual, el ministro presentó un informe elaborado por su departamento en el que se pone de manifiesto que siete de cada 100 españoles que cobran actualmente el paro son prejubilados, no desempleados efectivos, lo que supone que el pasado mes de mayo había un total de 55.100 personas en esa situación. El perfil medio del prejubilado es un hombre de 55 a 59 años, y sólo el 12,7% son mujeres.

La mayor utilización de esa fórmula de prejubilaciones a partir de los 52 años se produjo en 1994, en plena crisis del empleo y de recesión económica, con 100.530 personas, y con un gasto total de 121.655 millones de pesetas. Las cifras descienden en etapas de recuperación.

Similar evolución registran las jubilaciones anticipadas, que se producen a partir de los 60 años y hasta los 65 (edad legal de retiro), y que están limitadas a quienes hubieran empezado a cotizar a la Seguridad Social antes de enero del año 1967.

Durante la última década (1988-1998) se ha producido una mayor proporción de jubilados que acceden a la pensión de retiro con edad menor o igual a 64 años respecto a los que acceden con 65 o más años. Desde 1995 hasta 1998, los jubilados con menos de 65 años han pasado de 115.566 a 83.401. Las dos cifras representan el doble de los que se han retirado con más de 65 años.