Sólo el comisario Oreja se opone a que Bruselas abra un expediente a Euskadi y Navarra por sus ayudas fiscales

La Comisión Europea abrirá el próximo miércoles con casi total seguridad un expediente contra el régimen de ayudas fiscales a las empresas en el País Vasco y Navarra. En la reunión preparatorio de esta reunión del Ejecutivo comunitario, celebrada ayer, sólo el comisario europeo Marcelino Oreja, de los veinte que componen la Comisión Europea, se opuso a esta decisión.

Oreja se opone a la apertura del expediente con el argumento de que no tiene sentido adoptar tal medida cuando la compatibilidad del régimen vasco-navarro de ayudas fiscales a empresas será determinada dentro de unos meses en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, informaron fuentes comunitarias. La apertura del expediente obligaría al Gobierno español y al del País Vasco a transmitir información sobre el régimen fiscal foral, para determinar si sus medidas provocan distorsiones de la libre competencia dentro de la UE.

La apertura de este expediente, que ya se barajó el pasado abril, se produce ante la insistencia de los servicios de la Dirección general de Competencia de la Comisión, que dirige el comisario belga Karel Van Miert, que ya han tenido que tramitar dos casos relativos a este tipo de ayudas fiscales a empresas en el País Vasco. El primero fue el de la empresa coreana Daewoo que recibió ayudas para la instalación de una planta de fabricación de frigoríficos en Vitoria, buena parte de las cuales fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea el pasado 24 de febrero. El segundo caso se produjo un mes después, cuando Bruselas abrió un expediente sobre las ayudas concedidas a la empresa riojana Ramondín, productora de cápsulas para botellas, que se trasladó a Álava para beneficiarse de un trato fiscal más ventajoso.

Van Miert y sus servicios contestan dos aspectos clave del régimen del País Vasco y Navarra: los créditos fiscales de las Haciendas forales y la reducción de la base imponible en el impuesto de sociedades. Este segundo punto, las llamadas vacaciones fiscales, consisten en la reducción de un 90%, un 75%, un 50% y un 25% de la base imponible del impuesto de sociedades durante los cuatro primeros años, respectivamente, a partir del momento en que la empresa seleccionada obtenga beneficios. Los créditos fiscales, por su parte, se conceden a ciertas inversiones nuevas que superen los 2.500 millones de pesetas.

La Dirección General de la Competencia cuestiona el carácter específico, y por lo tanto supuestamente discriminatorio, de estos incentivos. Fuentes próximas a Van Miert insisten en que la apertura del expediente no pone en tela de juicio la existencia de un régimen fiscal autónomo como el del País Vasco, sino el hecho de que sus disposiciones no se apliquen de forma general y favorezcan a cierta empresas o a ciertas producciones.