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España incumple la reparación a dos británicos impuesta por la ONU

El Comité de Derechos Humanos dictaminó trato judicial irregular

La condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU a España en 1997 por trato judicial irregular a dos británicos sigue sin cumplirse. Aunque el comité reconoció el derecho de los hermanos Michael y Brian Hill "a un recurso efectivo que entrañe una indemnización", dos años después aún no se ha producido la reparación ni se ha resuelto la reclamación por anormal funcionamiento de la justicia.

La "indignación por el sistema judicial y burocrático de España" manifestada por los hermanos Hill y acogida en 1997 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU se remonta a 1985, cuando ambos fueron detenidos como sospechosos de lanzar una bomba incendiaria en un bar de Gandía (Valencia), durante sus vacaciones en España. Ambos hermanos, que siempre proclamaron su inocencia, se quejaron de los problemas de intérprete en la comisaría, de que 5 de los 10 días que permanecieron en poder de la policía estuvieron sin alimentación, de que no se les concedió el pago de una fianza a cambio de su libertad provisional por el hecho de ser extranjeros, y de que, durante el juicio ante la Audiencia Provincial de Valencia, se les negó el pretendido derecho de uno de ellos a defenderse por sí mismo e interrogar al testigo de cargo.

Las peripecias policiales y judiciales concluyeron con una condena a seis años de cárcel impuesta en noviembre de 1986. Las peticiones de permanecer en libertad mientras intentaban recurrir a instancias superiores no fueron atendidas por la Audiencia de Valencia hasta mediado de julio de 1988, cuando ya tenían cumplida la mitad de la pena.

Tanto el Supremo como el Tribunal Constitucional rechazaron los sucesivos recursos, por lo que en octubre de 1992 los hermanos Hill se dirigieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante el que alegaron irregularidades policiales y judiciales como violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Versión española

La representación del Estado español ofreció su versión de que las instituciones funcionaron regularmente y aseguró que la queja de los hermanos Hill carecía de fundamento y constituía un abuso de derecho por formularla tras su puesta en libertad provisional y su marcha al Reino Unido, por lo que no estaban a disposición del tribunal sentenciador. Sin embargo, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitido en abril de 1997, recordó que los hermanos Hill no perdieron su derecho a reclamar al abandonar la jurisdicción española.

En cuanto a las denuncias de irregularidades, aunque reconoce que la detención no fue ilegal o arbitraria, enumera otras violaciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Así, el Comité consideró que la tardanza de tres años en concederles la libertad bajo fianza vulneró el pacto, ya que la mera condición de extranjero no implica que se pueda mantener a una persona en prisión preventiva en espera de juicio o de apelaciones.

El Comité estimó también que el transcurso de tres años para resolver el caso violó el derecho "a ser juzgado sin dilaciones indebidas", que los cinco primeros días de detención policial sin recibir alimentos vulneraron el derecho a un trato humano y el respeto a la dignidad, y que la negativa a que Michael Hill se defendiera por sí mismo sin ser abogado, violó también ese derecho, garantizado por el pacto, pero no por la legislación española.

El dictamen reconoció el derecho de los hermanos Hill a un recurso que entrañe una indemnización y comunicó a España que esperaba recibir "en un plazo de 90 días información sobre las medidas adoptadas".

En octubre de 1997, la Misión Permanente de España ante la ONU se dirigió a la Alta Comisaria de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, para describir la posibilidad de recursos a disposición de los hermanos Hill para el cumplimiento del dictamen.

Sin embargo, pasaron ya dos años desde que se emitió el dictamen y el Ministerio de Justicia no ha resuelto la reclamación por anormal funcionamiento de la Justicia presentada por Brian Hill, asesorado por el letrado Gonzalo Fernández Atela. Hill se quejaba hace unos días a este periódico: "Hasta el día de hoy quedo sin noticias, sin recurso efectivo y sin lo que me ha garantizado el Gobierno del Reino de España".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de junio de 1999