Ascendido a general un militar que apoyó a los golpistas del 23-F en 1981

Por vez primera, uno de los firmantes del manifiesto de los 100, un panfleto en contra de la prensa y a favor de los golpistas del 23-F, difundido en 1981, ha sido ascendido a general. El nombramiento de los generales corresponde al Consejo de Ministros mediante real decreto y a ese puesto llegan muy pocos militares: de entre los más capacitados, sólo aquellos que merecen la total confianza del Gobierno. Una confianza que, en este caso, no se ha visto mermada por el hecho de que el general Juan Cañadas Lorenzo demostrase en su día, junto al resto de los firmantes del manifiesto, una "absoluta falta de identidad con los principios constitucionales", tal y como estimó la Junta de Jefes de Estado Mayor en 1981.

El Consejo de Ministros decidió el pasado 16 de abril ascender a general de brigada a Juan Cañadas Lorenzo. El 8 de mayo se publicó en el BOE su nombramiento como comandante militar de León y jefe del Mando de Artillería de Campaña, uno de los destinos más importantes que puede ocupar un artillero.En diciembre de 1981, Juan Cañadas era capitán, tenía 38 años y estaba destinado en la Brigada Paracaidista. Su firma figuró al pie del llamado manifiesto de los cien, suscrito por un centenar de oficiales y suboficiales de la Primera Región Militar, que se difundió el 5 de diciembre, la víspera del tercer aniversario de la Constitución, a través de la agencia Europa Press y el diario ultraderechista El Alcázar.

Apenas nueve meses después del 23-F y en la antesala del tenso Consejo de Guerra por el frustrado golpe de Estado, aquel documento, que evidenciaba un amplio respaldo a los golpistas entre los mandos intermedios del Ejército, produjo una profunda desestabilización política y obligó al entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, a regresar precipitadamente a Madrid y a reunir a la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Contra la prensa

Dos párrafos del manifiesto eran particularmente conflictivos. En uno de ellos se advertía, tras criticar duramente a la prensa: "Los insultos y ataques a nuestros compañeros [los militares presos por el 23-F] los consideramos dirigidos a la colectividad [militar] con las consecuencias [a] que ello dé lugar, pues tenemos el Código de Justicia Militar para corregir debidamente al que cometa alguna falta, y nuestra fama y prestigio no puede estar en boca de cualquiera".El otro párrafo era una defensa de la doctrina de la autonomía militar, que negaba al Gobierno democrático capacidad para dirigir las Fuerzas Armadas. "El poder político", decía el texto, "debe respetar la necesaria autonomía de los ejércitos en cuanto a organización y funcionamiento interno para garantizar la inexistencia de intereses partidistas en sus organismos y unidades".

El capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, uno de los principales artífices del fracaso del 23-F, asesinado por ETA en 1984, ordenó el arresto de 91 de los firmantes, como autores de una falta disciplinaria leve. Pero, además, mandó incoar diligencias judiciales contra ocho capitanes y un brigada.

Estos nueve militares fueron expedientados, según el comunicado difundido el 19 de diciembre de 1981 por la Capitanía de la Primera Región Militar, porque "las diligencias previas incoadas han podido determinar, en principio, mayores responsabilidades" en su conducta que en la de los demás firmantes. Uno de los militares a los que se atribuyó en aquel momento una responsabilidad especial en la elaboración y difusión del texto fue el entonces capitán Cañadas Lorenzo.

También estaba el actual general entre los cinco oficiales que el 10 de diciembre de 1981 fueron separados del mando y pasados a situación de disponibles y entre los ocho a los que, ya en abril de 1982, se trasladó con carácter forzoso lejos de Madrid.

En su mayor parte, los expedientes judiciales por falta grave no prosperaron, pues los afectados alegaron que el manifiesto no era una petición colectiva y que, por tanto, no encajaba en el Código de Justicia Militar. Cañadas, como muchos de sus compañeros, fue castigado con dos meses de arresto; aunque, en la mayoría de los casos, la sanción no se cumplió en su integridad.

La Junta de Jefes de Estado Mayor, según explicó Oliart, consideró el manifiesto de los cien "una grave infracción de la disciplina que atenta, además, a la lealtad y confianza debida a los mandos. El documento", agregó el ministro, "introduce afirmaciones que revelan una absoluta falta de identidad con los principios constitucionales y con las misiones asignadas a las FAS en el artículo 8 de la Constitución".

El actual presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Alejandro Muñoz Alonso, del Grupo Popular, escribió entonces que el manifiesto respondía a una estrategia dirigida a "acumular incidentes que vayan desgastando la capacidad de respuesta del poder civil y preparen el camino para el golpe definitivo".

Un portavoz del Ministerio de Defensa justificó ayer el ascenso de Cañadas alegando que "no hay que revolver hechos tan antiguos". Tras recordar que nunca fue condenado y que el golpismo no constituye hoy motivo de preocupación en las Fuerzas Armadas, subrayó que la mayor parte de su carrera, incluido el ascenso a coronel, en 1994, tras superar un proceso selectivo, la realizó bajo gobiernos del PSOE, "sin que en ningún momento se le pusiera ninguna traba".

Dicho portavoz concluyó que "su hoja de servicios es impecable y no ha dado ningún motivo de queja en todos estos años. Al contrario, cuenta con dos medallas de sufrimiento por la Patria y una de mutilado".

Documento apolítico

"No sé si fue un error, lo que sí fue es una chiquillada", dijo ayer el general Cañadas, en conversación con EL PAÍS. El militar, que afirma no tener "ninguna ideología política", declaró que el documento carecía de la trascendencia que se le dio y que fue el primer sorprendido por su eco.A su juicio, el manifiesto "no tenía carácter político" y, además, entonces , existía "un vacío legal", por lo que sus firmantes no eran conscientes de estar vulnerando la disciplina militar con ese pronunciamiento colectivo. Admite, sin embargo, que la legislación ha cambiado y que, si sus subordinados hiciesen algo parecido, les impondría un correctivo. "Yo me limité a firmar el documento, no tuve nada que ver en su elaboración y difusión", asegura. En todo caso, "la Constitución reconoce el derecho a reinsertarse y, si alguien comete una falta y se corrige como se corrigió, no creo que haya que tenerla en cuenta 20 años después", concluyó.