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Pastrana, obligado a dar un giro al proceso de paz de Colombia

Una comisión controlará las negociaciones del plan de la guerrilla

Juan Jesús Aznárez

ENVIADO ESPECIALEl plante de la jefatura militar colombiana exigiendo firmeza al presidente Andrés Pastrana en las negociaciones con la guerrilla ha tenido efecto. Tras reunirse con el generalato de las tres armas y acercar posiciones, Pastrana corrigió a la baja y prometió nuevas reglas de juego en el proceso de paz, su vigilancia por testigos nacionales e internacionales y límites a la desmilitarización de los 42.000 kilómetros cuadrados donde se desarrollan las conversaciones con la guerrilla.

Nadie avisado esperaba un pronto encauzamiento de la paz colombiana ni una solución a corto plazo a casi cuatro decenios de guerra, pero tampoco la abrupta renuncia del ministro de Defensa, la masiva sublevación castrense y las resistencias civiles exhibidas el miércoles contra las concesiones del presidente Andrés Pastrana a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sus quejas han funcionado, pero queda por ver la reacción de las FARC al previsible endurecimiento en algunas de las condiciones del diálogo, puesto que su dirección comunicó hace dos semanas que no aceptaba ajustes en el área despejada. Colombia, inmersa en la cultura de la violencia desde que liberales y conservadores dirimieran sus diferencias políticas a navajazos, afronta tiempos difíciles y probablemente sobresaltos mayores antes del eventual acuerdo con un grupo guerrillero sin premuras, sobrado de dinero y armas, atrincherado en las selvas con ordenadores e Internet, activo en casi el 60% del territorio y habituado a los fracasos negociadores desde que, en 1982, el conservador Belisario Betancurt manifestase la disposición de su presidencia a discutir en paz.Pero nadie como Pastrana ha sido tan audaz y tan comprometido ni ha cedido tanto por una razón simple: la correlación de fuerzas obliga a un cierto vasallaje. Las fuerzas militares de Colombia ni han podido detener al anciano jefe insurrecto Manuel Marulanda, Tirofijo, en casi cuarenta años de persecución, ni derrotar a sus milicianos, que, lejos de batirse en retirada, asoman las narices en los extramuros de Bogotá. Las prisas y dificultades de Pastrana para tratar de convencer a los generales y a la opinión pública de que, de hecho, él nunca aprobó un indefinido despeje de los 42.000 kilómetros cuadrados administrados por las FARC en el selvático sur colombiano demuestran que los cuarteles y las fuerzas económicas y sociales asociadas a sus tesis están hartos de entregas sin contrapartidas guerrilleras.

Nuevo ministro

La dimisión del ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda (que anoche ya había sido sustituido por otro civil, Luis Fernando Ramírez), y la solidaria avalancha de petición de pase a retiro de jefes, oficiales y suboficiales ocurrieron después de que una prórroga sine die de la zona abandonada por las tropas fuera difundida por el alto comisionado para la paz, hombre de confianza del presidente en las negociaciones, Víctor G. Ricardo, convencido de que la paz bien merece la ingestión de algunos sapos.

La crisis militar quedó aparentemente conjurada, los uniformados que renunciaron permanecen en sus puestos satisfechos por las explicaciones presidenciales y las conversaciones avanzan influidas por el alzamiento del miércoles y las reclamaciones de quienes consideran que su desarrollo no debe quedar circunscrito a un grupo pequeño, sino abarcar nuevos actores y consultas. "Aspiramos nosotros a nombrar los negociadores e invitar a los países amigos (España, entre ellos), observadores, testigos o facilitadores del proceso para que ya formalmente se pueda iniciar la zona de negociación", declaró Pastrana, tras reunirse con los jefes militares.

El plato fuerte del proceso de paz arranca con la fijación de la fecha de negociaciones y la discusión de una agenda de 12 puntos que seguirán atentamente empresarios, ganaderos, agricultores, jueces, sindicatos y militares, pues la reforma del Estado planteada por las FARC es de gran calado. La guerrilla, con 12.000 hombres y mujeres en armas, exige la revisión del modelo de desarrollo, cambios drásticos en el poder judicial, en el sistema de partidos, en las normas electorales, apoyo a las cooperativas y programas de sustitución de cultivos o alternativas a los cultivos de coca. Las partes acordaron proseguir las negociaciones, ajenas a que "algún percance grave" trate de contaminarlas. Los acercamientos ensayados por Belisario Betancurt (1982-1986, conservador) y César Gaviria (1990-1994, liberal) fracasaron como consecuencia del recrudecimiento de la guerra sucia y la violencia registrada durante las conversaciones.

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