Cazaprimas

El Gobierno ha decidido finalmente aceptar la creación de una comisión parlamentaria para investigar los abusos relacionados con el cultivo del lino cometidos por algunos desvergonzados cazaprimas de fondos comunitarios; la encuesta será llevada a cabo por el Congreso y no por el Senado, como intentó a la desesperada el PP para aprovechar su mayoría absoluta en la Cámara alta. Aunque Aznar se había comprometido a facilitar la constitución de comisiones parlamentarias a instancias de las minorías, el PP incumplió hace meses la palabra dada por su presidente para amparar al ministro Piqué, huésped de cuatro inquietantes zonas de sombra: la suspensión de pagos de Ercros mientras presidía esa compañía; la condonación de la multimillonaria deuda de su antigua empresa -controlada por Javier de la Rosa- siendo miembro del Gobierno; las técnicas utilizadas para maximizar sus ahorros como contribuyente a costa de minimizar los ingresos de Hacienda; y las subvenciones con cargo a los fondos mineros del Ministerio de Industria.La renuncia del PP a una resistencia numantina en el escándalo del lino nace de su temor a ser abandonado en este trance por sus socios nacionalistas. En cualquier caso, este precedente debería convertirse en una norma vinculante para los populares y los socialistas (en las Cortes y las asambleas regionales) y para los nacionalistas (en los parlamentos autonómicos): la obligación del Poder Ejecutivo de someterse a la vigilancia de la oposición. La estrategia de alejar el control sobre la acción del Gobierno de la sede parlamentaria para judicializar la política ha debilitado el sistema democrático, ha mermado la legitimidad de los tribunales (víctimas de una politización de la justicia simétrica) y se ha vuelto contra quienes recurrieron al mecanismo de las responsabilidades penales para rehuir o aplazar sus responsabilidades políticas. De extenderse a la vida española contemporánea los ejercicios contrafactuales ("¿qué hubiera pasado si...?") aplicados por Niall Ferguson, Santos Juliá y los restantes autores de Historia virtual (Taurus, 1998) a otros períodos y países, se obtendrían buenos argumentos para sostener que los socialistas tal vez seguirían en el poder de no haber utilizado esos métodos en 1990 con el caso Guerra.

La comisión parlamentaria investigará las responsabilidades políticas derivadas de los abusos cometidos por los cazaprimas en el cobro de las subvenciones comunitarias al cultivo del lino. La depuración de las responsabilidades penales de este mismo caso no corresponden al Congreso: de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, las conclusiones de la comisión "no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales", sin perjuicio de que el resultado de las indagaciones "sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas". La Cámara de Diputados extenderá la factura política a pagar -en forma de ceses y dimisiones- por los cargos públicos que no supieron impedir el cobro fraudulento de subvenciones europeas; los tribunales, en cambio, castigarán penalmente a los autores de los eventuales delitos.

Socialistas y populares se han anticipado a los veredictos parlamentarios y judiciales con la condena de sus adversarios y la exculpación de sus correligionarios. El doblete practicado por el dimitido presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, y otros altos cargos del Ministerio de Agricultura, a la vez políticos de ejercicio pleno y empresarios a tiempo parcial dedicados al cultivo subvencionado de lino, facilitan al PSOE la tarea de pedir la cabeza de Loyola de Palacio, ministra desde mayo de 1996 hasta su reciente dimisión para encabezar las listas europeas del PP. Por su parte, los populares no sólo exigen que la comisión parlamentaria investigue también las subvenciones concedidas durante la anterior legislatura sino que además endosan los abusos actuales a las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía gobernadas por los socialistas. En cualquier caso, el portavoz del PP, Rafael Hernando, se ha ganado ya el Premio a la Tontería Paranoica del Año al declarar que el escándalo del lino es una maniobra del aparato del PSOE para impedir que Bono sea el próximo candidato socialista a la presidencia del Gobierno.