Un comité de EE UU apoya la investigación con embriones
La Comisión de Asesoramiento Nacional para Bioética de EE UU, un comité ético creado por el presidente Bill Clinton, recomendará al Gobierno que subvencione la investigación sobre embriones humanos, en contra de la prohibición impuesta por el Congreso de EE UU. Así lo aseguró ayer el diario The Washington Post, al subrayar que el comité ha llegado a la conclusión de que el coste moral que supone la destrucción de los embriones durante las investigaciones se compensa con creces con el bien social que puede aportar dicha labor científica.La comisión, que cita en sus conclusiones recientes hallazgos sobre la capacidad de los embriones para producir tejidos -lo que puede ser de gran utilidad para el tratamiento por trasplante de muchas enfermedades crónicas- cree que es una injusticia para millones de pacientes que el Congreso persista en prohibir la financiación de las investigaciones sobre embriones.
Por otra parte, Italia se ha convertido en el único país del mundo en el que se podrán adoptar embriones congelados, tal y como recoge una enmienda a la ley de inseminación artificial aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora pasará a ser discutida en el Senado. La enmienda, presentada por la oposición conservadora y duramente criticada por la izquierda, regula el destino de los embriones que actualmente se conservan en los centros de fecundación asistida, así como la adopción, explicaba ayer la prensa italiana.
Actualmente, la ley distingue entre los embriones huérfanos, cuyos padres biológicos son desconocidos, y los que, por el contrario, sí han sido reconocidos. Mientras la adopción de los primeros será automática, la de los segundos obligará a una "declaración de abandono" por parte de los progenitores naturales.
Además, para poder catalogar los embriones será necesario elaborar un censo, sobre el que se basará la justicia a la hora de estudiar las adopciones. A excepción de los actualmente congelados, la ley prohíbe que los embriones se conserven e incluye hasta un tope de tres óvulos fecundados, que deben ser todos implantados. La diputada de Democráticos de Izquierda (DS) Marida Bolognesi, ex relatora de la ley, afirmó que esta disposición es "un reconocimiento jurídico del embrión, un pastiche anticonstitucional y una fosa para la fecundación".
