El misterio del lino

EL PARTIDO Popular y el Gobierno han aceptado, con retrasos y a regañadientes, que se constituya una comisión de investigación en el Congreso para determinar si ha habido irregularidades fraudulentas en las ayudas europeas al cultivo del lino. De momento, el incipiente escándalo se ha cobrado ya dos bajas en el organigrama de Agricultura: el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, y el director financiero de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz. Ambos han renunciado después de haber dado fe pública de que no obtuvieron ventaja de sus cargos y tras enfatizar que no pensaban dimitir. Todo ello con el aval -al parecer más oficial que real- de la ministra que les nombró, Loyola de Palacio, que descarga todas las responsabilidades sobre las comunidades autónomas, al tiempo que ve cómo empiezan a caer algunos de sus colaboradores. Fiel a su estrategia de que no se investigue ninguna actuación del actual Gobierno si no se investiga también al anterior, el PP ha impuesto como condición que se rastree la huella del lino desde 1993. Una vez más, el partido en el Gobierno pone en evidencia su voluntad de impedir que el Parlamento ejerza a plenitud una de las funciones básicas que tiene asignadas: el control de la acción del Gobierno. Pero aun así, bienvenida sea la comisión. De ella cabe esperar que explique de una vez por todas el misterio del lino textil. Un cultivo casi inexistente en España hace seis años y del que se siembran hoy cerca de 100.000 hectáreas, con un rendimiento de unos 10.000 millones de pesetas en subvenciones de la UE. Hasta aquí, todo normal en una agricultura europea que se guía más por la ley de las subvenciones que por la del mercado. El asunto adquiere carácter de misterio cuando resulta que el lino textil producido en España y generosamente subvencionado por la UE se evapora sin que llegue una sola tonelada al sector textil, que cada año importa unas 15.000 toneladas de esta fibra. ¿Qué se hace de las 100.000 toneladas que cuestan 10.000 millones de pesetas a todos los ciudadanos europeos, españoles incluidos? En algunos casos, ya se sabe que han sido pasto de las llamas. ¿Y el resto?Hay fundadas razones para sospechar que el lino es en nuestro país un cultivo puramente especulativo para cazar subvenciones. Y que el certificado de compra de la cosecha, lejos de ser una garantía, ha dado pie a un enorme tinglado fraudulento. Los incendios en los almacenes -¿cómo se explica que ninguno estuviera asegurado o que, si lo estaban, ninguna compañía de seguros haya investigado tamaño índice de combustibilidad?- son sólo el indicio más visible. Pero basta rastrear la cartera de pedidos de la industria textil para concluir que el lino de nuestros campos se esfuma literalmente. ¿Será cierta la frase de Bono de que "no hay más lino que el que arde"?

En el ámbito agrícola es muy conocida la existencia de redes de cazasubvenciones que se dedican a captar el dinero público procedente de la Comunidad a cambio de facilitar contratos ficticios de transformación, que es una de las exigencias en el capítulo del lino. Este riesgo existe también en otros sectores. La ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio, que encabeza la lista del PP al Parlamento Europeo, ha dicho que las denuncias de la oposición ponen en peligro el flujo normal de las ayudas agrícolas comunitarias a España. Pero ha sido justamente su partido el que ha tratado de extender la sospecha con carácter universal, al filtrar los nombres de algunos socialistas que han recibido ayudas comunitarias. Las palabras de Bono a este respecto han sido clarificadoras: no se trata de abrir una causa general sobre las subvenciones agrícolas; algunos altos cargos del PP reciben ayudas totalmente regulares por diversos cultivos en sus explotaciones familiares; lo que hay que desentrañar es la supuesta trama fraudulenta organizada en torno a los contratos para transformar el lino. La frase de la ex ministra de que los funcionarios implicados eran "agricultores a tiempo parcial" confirma su extrema confusión a la hora de deslindar las fronteras entre lo público y lo privado.

Una cuestión que deberá deslindar la comisión investigadora es en qué instancia de la Administración residen las responsabilidades sobre el control de los cultivos y la adjudicación de las ayudas. Loyola de Palacio ha apuntado a las comunidades autónomas. La documentación que publica hoy este periódico permite abrigar, cuando menos, muchas dudas. El cesante responsable del FEGA -beneficiario de cerca de 300 millones y víctima de un doble incendio- estableció criterios tan laxos que abrían el capítulo de subvenciones a casi cualquier solicitud, salvo manifiesta mala fe. El ministerio debe responder de ello. La comisión de investigación tiene el deber de desvelar el misterio del lino. Cabe exigirle que actúe sin limitaciones ni apriorismos, aunque los antecedentes son poco alentadores. El fracasado intento del PP encaminado a cerrar con alevosía y nocturnidad los trabajos de la subcomisión Piqué no es precisamente un buen augurio.