Un cultivo bajo sospecha

El lino fue un cultivo tradicional durante el pasado siglo, con unas superficies medias en torno a las 50.000 hectáreas. La utilización de fibras sintéticas hizo que en los años setenta desaparecieran sus siembras. Aunque la regulación comunitaria para la potenciación de su cultivo data del año 1970, la realidad es que en España no reapareció hasta la campaña 1993-94.La primera petición para la siembra de este cultivo con ayuda comunitaria de unas 120.000 pesetas por hectárea se produjo en Soria para una superficie de 186 hectáreas, con una subvención de 23,5 millones.

Sin embargo, a la sombra de esta ayuda, mucho más elevada que las existentes para otras producciones de herbáceos, las siembras del lino se extendieron como la pólvora en Castilla-La Mancha, donde esta campaña hay unas 36.000 hectáreas; en Castilla y León, 30.000 hectáreas; en Extremadura, 9.600 hectáreas; en Aragón, 8.800 hectáreas, y cifras más reducidas en zonas como Andalucía, Madrid, Navarra o La Rioja.

Esta evolución del cultivo ha supuesto pasar de los 23,5 millones de pesetas pagados en el primer año a los casi 10.000 millones de pesetas previstos para esta campaña.

Este resurgir, al hilo de las subvenciones, estuvo impulsado por los agricultores profesionales más agresivos, que buscaban cultivos alternativos al cereal en secano, y por técnicos avezados en el logro de ayudas comunitarias.

Al hilo de ese incremento de las superficies de siembra fueron naciendo también empresas de transformación donde entregar la materia prima, obtener la fibra y justificar el cultivo.

El lino es una producción con posibilidad de sembrarse en regadío o en secanos frescos. El espectacular crecimiento de las superficies de siembra hizo que desde la UE se exigieran una serie de condiciones mínimas para su cultivo, como el tener suscrito un contrato con una planta transformadora, el uso de 100 kilos de semilla por hectárea, justificar una producción de paja mínima de 1.000 kilos por hectárea o dejar un rastrojo con 10 centímetros de altura. Estas exigencias se reforzaron en algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, que ha prohibido sembrar lino dos años seguidos. Este año, en esa misma línea, para acceder a la ayuda se requiere que se recojan 1.500 kilos de paja por hectárea.

Antes de 1997 no había que justificar nada en torno al cultivo. Ahora hay que hacerlo. Pero si un agricultor no recoge o entrega menos de 1.000 kilos, existe la posibilidad de que la industria a quien ha comprado la semilla cara haga un ajuste entre las entregas de los agricultores para que todos tengan ese rendimiento mínimo. Si la propia empresa maneja miles de hectáreas de cultivo, las compensaciones son mucho más fáciles.

En el caso del cultivo del lino, a diferencia de otras producciones agrarias, surge otra duda que se plantean los responsables de Castilla-La Mancha. ¿Para qué sirve ese lino recogido y entregado? La realidad es que las producciones transformadas no tienen en este momento muchas salidas. En teoría se puede utilizar para papelería, estopas, mezclas con algodón, aislamientos... En la práctica faltan usos. A pesar de una producción de 100.000 toneladas de lino en paja, que podrían equivaler a entre 20.000 y 25.000 toneladas de fibra, España importa unas 14.000 toneladas. No hay exportaciones significativas. El lino tiene difícil salida, y en muchos casos la paja transformada vuelve al agricultor, que la abandona .