Agricultura impulsó los pagos al lino

Ante la duda, primero pagar. Ésta fue la máxima aplicada por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, en relación a las polémicas subvenciones al cultivo del lino el pasado año.Un cruce de correspondencia realizado entre los meses de abril y septiembre de 1998 entre la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura y el FEGA revela que, en contra de la tesis que mantiene la ex ministra de Agricultura y candidata del PP al Parlamento Europeo, Loyola de Palacio, quien achaca toda la responsabilidad en el pago y control de subvenciones al lino a las comunidades autónomas, el ministerio no está exento de responsabilidad en la concesión de las ayudas.

Aún más, las normas concretas a aplicar por las comunidades en la campaña 1998-1999 fueron firmadas por el ex presidente del FEGA, Nicolás López de Coca, quien dimitió tras conocerse que sus familiares directos habían recibido unos 300 millones por cultivar lino.

Solicitudes

Contra los argumentos que esgrime la ex ministra De Palacio, fue el FEGA quien resolvió las dudas planteadas por la Consejería extremeña en 1998 sobre el pago de las ayudas con las recomendaciones siguientes: admitir cualquier solicitud "salvo causa manifiesta de mala fe"; no denegar subvenciones aunque los certificados no justificaran la corrección de todo el proceso, y no exigir a las industrias transformadoras un rendimiento determinado.

El escándalo de las subvenciones a este cultivo, cuya superficie se ha disparado entre 1993 y 1999 de 186 hectáreas a 91.400 hectáreas pese a la escasa demanda del producto, ha supuesto hasta el momento la dimisión de López de Coca y del director financiero de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz.

Ambos se han beneficiado en los últimos años, directamente o a través de empresas de familiares directos, de las elevadas subvenciones de la Unión Europea a este tipo de cultivo (120.000 pesetas por hectárea). Otros dos altos cargos nombrados por el PP, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, y el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, están también en el ojo del huracán por haber cobrado ayudas y por su vinculación con lo que la oposición ha calificado de "trama organizada de cazaprimas" supuestamente incrustada en el Ministerio de Agricultura.

El intercambio de correspondencia entre el director general de Financiación y Medio Agrarios de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, y el FEGA, dirigido entonces por Nicolás López de Coca, se inició en abril del pasado año. "Habíamos detectado casos en los que se solicitaban ayudas y ni siquiera se había plantado el lino", asegura el consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, Eugenio Álvarez. "Por ello, desde la Comunidad Autónoma, que es el organismo pagador de las ayudas, nos dirigimos al ministerio, que es quien interpreta la normativa, para aclarar los criterios para pagar las ayudas", añade.

Las preguntas de la consejería extremeña, contenidas en los documentos reproducidos en esta página y referidas a la validez de las cosechas -"¿Es válida cualquier declaración de cosecha? ¿Cuál sería el mínimo para entender que técnicamente se ha cultivado lino textil? Si el certificado presentado tiene menos kilos de lo solicitado, ¿se tiene derecho a la ayuda?"- obtuvieron contestación del jefe de servicio de Textiles del Ministerio de Agricultura, Francisco José Antoñanzas, en septiembre de 1998.

Según Antoñanzas, el Grupo de Coordinación Técnica (grupo de trabajo formado por representantes de las comunidades autónomas y por el Ministerio de Agricultura) había decidido en una reunión el 20 de mayo de 1998 declarar "admisible cualquier solicitud de ayuda, ya que la reglamentación comunitaria en aquel momento no exigía la obtención de rendimientos mínimos en el cultivo del lino" (actualmente para cobrar toda la subvención se exige una cosecha mínima de 1.500 kilos). También se decidió "no denegar la ayuda a aquellos agricultores cuyos certificados no justifiquen la transformación de la totalidad de la varilla de lino que figura en la solicitud siempre que la diferencia entre ambas cantidades pueda justificarse", y no solicitar "a las industrias transformadoras un rendimiento de fibra determinado. Éste dependerá de la calidad del lino en varillas".

Según la Consejería de Agricultura de Extremadura, en aquella reunión del denominado Grupo Técnico en mayo no se había decidido tal cosa. Así lo comunicaron al entonces presidente del FEGA, Nicolás López de Coca, en septiembre del pasado año en otra carta en la que se le informa además de que, pese a las discrepancias, la Junta extremeña procederá "a efectuar a través del organismo pagador el pago de los expedientes que se encuentren en las circunstancias descritas, eximiéndonos de toda responsabilidad que pudiera acarrearse por cumplimiento de lo indicado en el mencionado escrito".

Respuestas

Las preguntas, pero especialmente las respuestas del Ministerio de Agricultura a la Junta extremeña ponen en cuestión la tesis que la ex ministra De Palacio ha esgrimido como defensa desde que saltó el escándalo. Según la ex ministra, la culpa de que los que solicitan las subvenciones al lino no cumplan todos los requisitos la tienen sólo las comunidades autónomas, que tienen el deber de garantizar, controlar e investigar las ayudas que han recibido alrededor de 4.000 cultivadores.

Loyola de Palacio se aferra a la orden de 31 de julio de 1997 del Ministerio de Agricultura

que en su árticulo 6 establece de forma prolija las obligaciones de las comunidades autónomas en materia del control del cultivo del lino. En concreto, dicha orden señala que las comunidades efectuarán la inspección in situ de un porcentaje de las solicitudes de ayuda; controlarán cada año al menos la mitad de las empresas transformadoras, y "tramitarán, resolverán y pagarán las ayudas al lino textil y al cáñamo".La orden ministerial, sin embargo, convive con las facultades del Fondo Español de Garantía Agraria para fijar las normas de tramitación y concesión de las ayudas al lino textil y al cáñamo. Para la campaña 1998-1999, dichas normas, que definen los productos regulados, los beneficiarios de las ayudas, las obligaciones de los productores, los controles sobre las solicitudes de ayuda y las funciones de "coordinación" del propio FEGA, están firmadas por el ex presidente del organismo, López de Coca.

El hecho de que las competencias de control y pago de subvenciones correspondan formalmente a las comunidades autónomas, aunque a tenor de la correspondencia que mantiene el Ministerio de Agricultura la última palabra la tengan los altos cargos de la Administración central, será uno de los extremos que deberá estudiar la comisión que se creará en el Congreso para determinar responsabilidades.

"Normal y legal"

Según Loyola de Palacio, dicha comisión "lo primero que va a ver es que la responsabilidad le compete a la comunidad autónoma" y que el asunto, "que se ha sacado de quicio", responde a la instrumentalización política, en su contra, de unas ayudas procedentes de la UE "que han recibido hasta alcaldes y concejales de IU, porque es normal y legal".

Lejos de las posiciones de la ex ministra, el consejero de Agricultura extremeño, Eugenio Álvarez, considera que, aunque "cultivar lino no es ilegal, está claro que alrededor del cultivo hay irregularidades. En algunos casos no hay lino y en otros no se transforma". "Aquí no ha habido incendios", afirma no obstante Álvarez, aludiendo a los dos incendios sufridos en menos de un mes por la empresa Colisur 2000 en Picón (Ciudad Real), propiedad de la familia del ex presidente del FEGA, Nicolás López de Coca.