Un edil del PP de Málaga declara como imputado por malversación

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Málaga Francisco Suárez ha declarado como imputado por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. Las Fiscalía pretende aclarar con estas diligencias informativas la veracidad de una denuncia anónima en la que se recogían presuntas prácticas de corrupción mediante la falsificación de facturas en la compra de materiales para un distrito. Suárez, que no ha sido incluido en la candidatura del PP para las municipales, confía en que el caso se archivará.

Junto al concejal también ha testificado como imputado un técnico municipal, el responsable operativo del distrito Oeste de la ciudad en 1995, José C.M. En los anónimos recibidos por el fiscal se acusa a ambos de de denunciar la sustración de materiales comprados con dinero en metálico por el Ayuntamiento pero que realmente nunca entraron en los almacenes. En estas dependencias se producían frecuentes robos. El fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, Manuel Villén, que ha declarado secretas las actuaciones, solicitó en febrero al Ayuntamiento que le justificara documentalmente la entrada o salida de más de 20 kilos en materiales de construcción, comprados en diciembre de 1995 por 1,9 millones de pesetas y que se corresponde con la factura de mayor cuantía mencionada en el anónimo. Las certificaciones remitidas por el equipo de gobierno de Celia Villalobos no convencieron al ministerio público que resolvió "agotar hasta el final" las posibles indagaciones. Hace dos semanas citó al concejal y el pasado lunes hizo lo propio con el funcionario, según fuentes judiciales. Ahora tendrá que determinar si prosigue con las diligencias, las archiva o las remite al juez si aprecia indicios de delito. Las citadas fuentes matizaron lo complicado del asunto, porque la investigación parte de un anónimo. Suárez de momento guarda silencio y dice que sólo lo romperá cuando se archive la investigación, algo de lo que se muestra seguro. En el anónimo se narra que el concejal y el funcionario falsificaron facturas de compra de material para los servicios operativos del distrito que, en teoría, se guardaba en el antiguo matadero municipal. La instalación fue objeto durante 1996 de diversos robos tras los cuales se hizo constar la desaparición de productos para permitir que el Ayuntamiento compensara las pérdidas con el seguro. Los asaltos al matadero adquirieron en su momento una notable notoriedad pública porque el concejal de Seguridad, Antonio Cordero, autorizó que se aparcara en el recinto un coche de policía sin agentes a modo de espantacacos. También afirma que esas compras nunca llegaron a su destino, que se amañaron las facturas, en algunos casos con el consentimiento de los proveedores, y que los desembolsos en metálico se libraron sin que se sepa el destino. Además, aporta fotocopias de oficios en las que se recoge que los gastos por la compra de materiales para el distrito Oeste de la capital durante el años 1996 ascendieron a 34 millones y los previstos para el año siguiente sumaban 70 millones.