Una huelga de profesores paraliza la Universidad de Las Palmas
Los docentes piden al Gobierno un incremento salarial
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha paralizado casi en su totalidad la actividad académica desde el pasado miércoles día 11, como consecuencia de la huelga indefinida convocada por la asamblea de docentes para exigir a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que renegocie los criterios de incremento salarial, que debe aplicarse con carácter retroactivo al 1 de enero del presente año.Los docentes, que han protagonizado estos días encierros y pitadas, consideran "inaceptable" la última oferta de la Administración que vincula la obtención de complementos retributivos a unas evaluaciones previas que, en algún caso, dificultan considerablemente su obtención.
Los profesores -1.300 en total- habían logrado que el Ejecutivo autónomo asumiera el sobrecoste de esta mejora, dado que el salario de este colectivo no está homologado al funcionariado de su categoría y dicha homologación es de competencia estatal. Para ello, ambas partes habían negociado un incremento individualizado, dando a los profesores la posibilidad de acceder a unos complementos previa evaluación.
Pese al acuerdo, Educación ha establecido unilateralmente unos criterios superiores a los acordados en el primer protocolo suscrito, de tal forma que para poder cobrar el complemento de reconocimiento a la dedicación docente han de ser sometidos a un examen por parte del alumnado y obtener una puntuación mínima de tres puntos en una escala del 1 al 5. Los alumnos reconocen que se trata de un "criterio subjetivo", que perjudica al docente, según Mario García, delegado de Ciencias Jurídicas.
Por lo que respecta al complemento de I+D, los topes fijados por la consejería limitan su concesión a un reducido número de docentes, ya que resulta más difícil de obtener que los sexenios de investigación que obtiene en la actualidad un porcentaje mínimo de profesores. El profesorado, que ya había renunciado en anteriores negociaciones a la consolidación de los complementos -que tendrán que ser evaluados cada cuatro u ocho años-, calificó en asamblea de "tomadura de pelo" la decisión de Educación y exige ahora que presente un calendario cerrado "por escrito" que permita renegociar los criterios partiendo del primer documento elaborado conjuntamente. Al respecto, el presidente de la junta de personal, Óscar González, afirmó: "Ya no nos fiamos de los compromisos orales".
Hasta fin de curso
Los docentes, que han secundado la huelga masivamente, no descartan sostener el paro hasta final de curso si las autoridades se niegan a negociar, y han mantenido reuniones con los alumnos -más de 22.000 en la ULPGC- para explicarles su posición. Los estudiantes han solicitado servicios mínimos (exámenes y tutorías), si la huelga se mantiene. La posibilidad de no realizar exámenes de fin de curso -algunos parciales han sido ya suspendidos- y no firmar las actas ha sido igualmente barajadas en la asamblea, que confía, no obstante, en que Educación "dé marcha atrás" para evitar que se perjudique al alumnado.
La Universidad de La Laguna, que está igualmente afectada por este acuerdo, ha mantenido una actitud más moderada que la institución grancanaria, y ha convocado una huelga para el día 20 de mayo.
En este conflicto destaca, por último, la diferente postura mantenida por el rectorado de una y otra universidad, ya que los responsables de la ULPGC respaldan el texto modificado por las autoridades, pese a defender las reivindicaciones del profesorado, y la ULL exige que se retome el acuerdo inicial.
Decretazo
El conflicto que ahora revive la Universidad de Las Palmas se remonta al pasado curso, cuando el profesorado alcanzó el 23 de octubre de 1998, tras diversas movilizaciones y paros, un acuerdo con las autoridades educativas de Canarias para hacer efectiva una mejora salarial. Dicho pacto, suscrito un mes después por el consejo social y el rectorado, contemplaba la creación de una comisión de seguimiento, que habría de desarrollar el acuerdo y determinar los requisitos y criterios de evaluación individualizada del colectivo, ya que el Gobierno vinculó el incremento retributivo a la mejora de la calidad docente.Así, el 5 de abril se cerró el primer protocolo, que establecía que cada profesor, con dos años de antigüedad, podría acceder a un máximo de cuatro de los seis complementos establecidos, a cada uno de los cuales corresponde una cuantía de 250.000 pesetas. Con posterioridad, este documento consensuado, que había de ser ratificado, sufrió importantes modificaciones "unilaterales" por parte de Educación, que endureció las ya mencionadas condiciones para acceder algunos complementos. La asamblea de profesores consideró inaceptable este cambio sustancial del protocolo, calificado de "decretazo" por el presidente de la junta de personal, Óscar González.
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