Amnistía exige que se reconozca a los kosovares el estatuto de refugiados

Amnistía Internacional va a dirigirse a los Gobiernos afectados para exigir que se reconozca a los más de 36.000 albanokosovares acogidos en 26 países de todo el mundo el estatuto de refugiado, al que tienen derecho según la Convención de Ginebra de 1951. La mayoría de los Gobiernos, incluido el español, no les reconoce la condición de refugiados, sino la de "deportados", que tiene menos garantías a la hora de reclamar su permanencia en el país de acogida.

España ha anunciado que a primeros de junio habrá acogido a un total de 1.200 albanokosovares, de los que ya han llegado 440, distribuidos en tres grupos. La cobertura jurídica utilizada para esta operación de acogida es la prevista en la disposición adicional primera del reglamento de la Ley de Asilo y Refugio, aprobada en junio de 1995.Según dicha disposición, "el Gobierno, por razones humanitarias, o a consecuencia de un acuerdo o compromiso internacional, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá acoger en España a grupos de personas desplazadas que, a consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país de origen o no puedan permanecer en el mismo".

José Ramón Ónega, director general de Política Interior del Ministerio del Interior, ha manifestado a EL PAÍS que la aplicación de la figura de "desplazado", en lugar de la de refugiado, se ha debido a "razones de urgencia" y al hecho de que la acogida se haya tramitado con carácter colectivo, y no individual como exige la concesión del asilo.

Los albanokosovares reciben un permiso anual de residencia en España, prorrogable por hasta tres años, que incluye una autorización de trabajo para los mayores de 16 años, así como la asistencia sanitaria para todos y la escolarización para los jóvenes en edad escolar. Según Ónega, la acogida como deportado no es incompatible con el estatuto de refugiado, que "obviamente se concederá a todo el que lo solicite", mientras se mantenga el actual conflicto en Kosovo.

Sin embargo, Icíar Ruiz-Giménez, coordinadora de refugiados de Amnistía Internacional (AI), denuncia que la figura de "deportado" carece de cobertura internacional, ya que no hay ningún tratado que la regule, y cuenta por tanto con menos garantías jurídicas que la de refugiado. Los albanokosovares, agrega, tienen derecho a que se les reconozca el estatuto de refugiado, pues cumplen los requisitos previstos en la Convención de Ginebra.

El hecho de que vengan por grupos no es, en su opinión, justificación suficiente, pues "no puede decirse que 440 personas supongan una afluencia masiva", y, al final, los permisos de residencia se conceden individualmente. "No entendemos por qué se les aplica otro estatuto distinto al de refugiados", afirma.

Amnistía Internacional teme que la resistencia de los gobiernos a reconocerles este estatuto se deba a su deseo de tener "manos libres" para devolverlos a Kosovo. Esta ONG no se opone a que los refugiados vuelvan a su país, pero exige garantías, mediante procedimientos objetivos, de que el retorno se realizará en condiciones de seguridad. Son estos procedimientos -que incluyen el reexamen del expediente o el recurso judicial en caso de inadmisión- los que la ley prevé para los refugiados, pero no para los deportados, cuya permanencia en España se deja a la discrecionalidad de la Administración.