La izquierda ataca en bloque a Romay tras el anuncio de 8 nuevas fundaciones
PSOE, IU, NI y BNG se unen para detener la "contrarreforma" de la sanidad pública
El ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, anunció ayer la creación, antes del final de la legislatura, de seis a ocho nuevas fundaciones sanitarias, entidades autónomas que sustituyen al Insalud en la gestión de cada hospital. Esta y otras medidas llevaron a los partidos de izquierda (PSOE, IU, NI y BNG) a formar un bloque contra lo que consideran una verdadera "contrarreforma" impulsada por el Gobierno para desmantelar la sanidad pública en beneficio del sector privado. La izquierda quiere captar a sindicatos y asociaciones y movilizarse contra el PP.
El Gobierno mantiene que las fundaciones sanitarias tienen por objeto dotar a los hospitales del Insalud de una mayor autonomía de gestión, lo que a su juicio revertirá en una prestación de servicios más eficaz. La oposición, sin embargo, está convencida de que la figura de las fundaciones -que el PP introdujo a fines del año pasado, sin debate parlamentario, mediante una enmienda de última hora a la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado- encubre un programa oculto de privatización de la sanidad pública. Una de las principales sospechas de la oposición es que los hospitales gestionados por fundaciones autónomas transfieran parte de sus servicios, tales como la elaboración de análisis clínicos, a empresas privadas subcontratadas para ello, un procedimiento conocido como externalización que supondría de hecho una privatización parcial y encubierta.
Tanto Romay como el presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijoó, han insistido desde diciembre en que no tienen intención de externalizar servicios, pero esa declaración de intenciones no se ha hecho explícita en ningún reglamento. Más aún, según el diputado socialista Josep Corominas, el hospital balear de Manacor -uno de los dos prototipos de gestión autónoma ya en funcionamiento- envía todas sus muestras para análisis a un laboratorio de Barcelona participado por capital público y privado.
Tres de las nuevas fundaciones serán hospitales de nueva creación: Calahorra (La Rioja), Palma 2 (Baleares) y Fuenlabrada (Madrid). Romay aseguró ayer que estos centros estarán "en construcción, o al menos licitados" antes de que acabe la presente legislatura. Además, entre tres y cinco hospitales actualmente gestionados por el Insalud, y de identidad no especificada todavía, serán transformados en fundaciones en el mismo periodo.
Romay convocó ayer a los medios para hacer un repaso -un "balance triunfal", en expresión de la portavoz socialista de sanidad, Ángeles Amador- de sus tres años de gestión. El ministro blandió la reducción de las listas de espera como uno de sus grandes logros. Señaló que la demora media para las intervenciones quirúrgicas era de 210 días antes de su etapa, y que su objetivo para el final de este año es reducirla a 60 días. En cuanto a las consultas a los especialistas, se comprometió a reducir la demora media a 20 días.
Pero la oposición no acepta la validez de esas cifras. Corominas asegura que, ante la presión del Gobierno para reducir las listas, los hospitales del Insalud están operando en primer lugar a los pacientes que llevan más tiempo esperando, en lugar de dar prioridad a los que lo necesitan con más urgencia. El resultado es que la "demora media" se reduce por un mero efecto estadístico.
La oposición también denuncia que los hospitales están "cerrando" las listas de espera para las consultas a los especialistas. Cuando los enfermos apuntados son tantos que no es factible atenderles antes de tres meses -la demora máxima que se propone Romay para este tipo de servicio-, el hospital ya no admite más pacientes en su lista, según los socialistas, que tienen pruebas de casos de este tipo.
La oposición teme que los ciudadanos acaben pagando lo que el Gobierno se ahorre en fármacos
El Gobierno ya ha utilizado dos tipos de medidas para tratar de contener el incremento del gasto farmacéutico: el recorte de los márgenes que obtienen las farmacias por cada medicamento despachado y la exclusión de cerca de 800 fármacos de la lista de productos que financia la Seguridad Social, más conocida como medicamentazo. Pero el crecimiento del gasto sigue siendo alto -un 8% de media en los últimos tres años, según el ministerio-, y Romay tiene en cartera un nuevo decreto que pretende impulsar los genéricos (fármacos con la patente expirada, sin marca y más baratos). El decreto prevé que si un médico receta un fármaco con marca, y existe en el mercado un genérico con el mismo principio activo, el farmacéutico deberá suministrar al paciente el genérico, o bien cobrar al usuario la diferencia de precio.
Los socialistas consideran que el proyecto tiene "graves problemas". Aunque apoyan los genéricos, creen que si su introducción no se acompaña de una fuerte campaña de sensibilización de los médicos, lo que se ahorre el Gobierno con la medida acabará pagándolo el ciudadano de su bolsillo.
Según Corominas, si los médicos siguen recetando fármacos con marca, el paciente preferirá a menudo pagar la diferencia antes que desobedecer a su facultativo adquiriendo un producto que no conoce y que no le han recetado.
Romay presentó ayer como un logro la evolución de las cifras del gasto farmacéutico. Éste creció a un ritmo del 14% anual en la segunda mitad de los años ochenta, y del 12,5% en la primera mitad de los noventa. Desde que el PP está en el poder, la media de crecimiento es del 8%, y el objetivo del ministerio para lo que queda de legislatura es que se mantenga a ese ritmo.
La oposición aduce que esa media es engañosa. En 1996, el gasto farmacéutico creció poco (alrededor del 5%) gracias sobre todo al recorte de los márgenes de las farmacias, una medida excepcional que no aborda el fondo del problema. En los años siguientes, el ritmo ha estado próximo al 10%, y esa misma es la tendencia en los primeros meses de este año.
Los fármacos excluidos por el medicamentazo también revertirán con fuerza en los bolsillos de los ciudadanos. No sólo porque no se receten, sino porque, como parte del acuerdo con la industria, el Gobierno ha liberalizado totalmente su precio -la medida se tomó el miércoles de Semana Santa-, lo que encarecerá estos productos hasta un 20%.
