El Gobierno entrega la depuradora al Ayuntamiento de Vitoria, pese al criterio del concejal de Aguas

El Gobierno vasco entregó ayer al Ayuntamiento de Vitoria la depuradora de Crispijana con un año de retraso. La demora se debe a las reticencias de Amvisa, la sociedad municipal de aguas, que había apuntado la existencia de fallos en la instalación. El consejero de Obras Públicas, Álvaro Amann, considera solucionados los problemas, y también el alcalde, José Ángel Cuerda, aunque la depuradora requiere una inversión de otros 600 millones, además de los 2.400 ya gastados. El presidente de Amvisa, el concejal de UA Francisco Probanza, aún ve deficiencias.

La reforma en la depuradora de Crispijana surgió con vocación modélica y ha derivado en lo contrario. Se trata de la primera planta construida en el País Vasco, hace ya 15 años. La nueva inversión tenía como objetivo convertirla en una depuradora de nueva generación, de forma que aumente su capacidad (de tratar 105.000 metros cúbicos de agua al día pasa a 120.000) y mejore la calidad del río Zadorra. Tras las obras, debería consolidarse como la primera de estas características en Euskadi, mientras se concretan los proyectos de Galindo (para el Bilbao Metropolitano) y San Sebastián. Sin embargo, los retrasos y las anomalías han salpicado durante un año la reforma de Crispijana. El plazo de ejecución terminó en el mes de abril de 1998. El Gobierno vasco comprobó la instalación y dio su conformidad, a la espera de resolver pequeñas cuestiones pendientes. En cambio, al traspasarla al Ayuntamiento de Vitoria chocó con la oposición de Amvisa, la sociedad municipal de aguas, que había advertido diversas anomalías. Su presidente, Francisco Probanza, concejal de Unidad Alavesa, se negó a recibir la obra mientras no se solucionaran. Culpas a Maturana Después de una larga polémica, en la que han mediado varios cambios en la consejería, ayer se celebró un acto que se suponía de punto final y la conciliación entre el Ayuntamiento y el Gobierno. El consejero de Transportes y Obras Públicas, Álvaro Amann, hizo por fin entrega de la depuradora al alcalde, José Ángel Cuerda, ambos del PNV. "Se han cumplido los objetivos", zanjó el consejero, quien aseguró que la planta de Crispijana ya funciona correctamente. Amann culpó de los fallos a la gestión de su predecesor, el socialista José Antonio Maturana, al afirmar que el proyecto "se quedó corto". Por esa razón, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento redactarán un nuevo convenio porque, según explicó el consejero, la depuradora requiere una nueva inversión de unos 600 millones de pesetas. "Ajustar lo viejo con lo nuevo cuesta. El primer proyecto se ceñía estrictamente a la ampliación de la planta. Ahora, con esta nueva obra, se llevan a cabo los ajustes", argumentó. Entre las futuras actuaciones, se encuentran labores de jardinería, transformadores, vallado y arreglos en un edificio. Álvaro Amann no quiso hablar de plazos para las nuevas obras. Las conclusiones del consejero no coinciden con las de Francisco Probanza, porque entiende que aún persisten las anomalías en la depuradora. "Tengo la certeza de que no está funcionando bien", afirmó el presidente de Amvisa, y dio algunos ejemplos: "La automatización [el sistema que permite liberar el manejo manual de la planta] todavía se está probando porque no funciona. Los digestores tienen fisuras. La bomba de fangos ha tenido cuatro o cinco fallos...". Por esto, el concejal de Unidad Alavesa, socio en el Ayuntamiento de Vitoria del PNV, discrepa de la decisión del primer edil de firmar el traspaso de la depuradora porque cree que aún no se cumplen los requisitos. El Ayuntamiento, además, tiene abierto un expediente para aclarar posibles responsabilidades en el retraso de la obra. Los servicios jurídicos están elaborando un informe del que tratará de indicar qué entidad es la responsable. Por si acaso, la unión temporal de empresas encargada del proyecto pagó una fianza cercana a los 100 millones. Las obras se adjudicaron a Ferrovial y Cadagua con un presupuesto de 2.100 millones, aunque más tarde ascendió a 2.400. La mitad de la financiación ha correspondido al Gobierno vasco, y el resto lo han aportado la Diputación de Álava (550 millones) y el Ayuntamiento de Vitoria (650 millones). En la nueva ampliación del convenio, el Gobierno y el consistorio pagarán a medias los 600 millones.