El Gobierno español admite ahora que necesita un crédito para pagar la guerra

Ninguna guerra es limpia. Tampoco barata. Desde hace un mes, cinco aviones españoles, actualmente siete, participan en los ataques de la OTAN contra Yugoslavia. Sin embargo, nadie ha explicado cuánto costará a España la operación ni cómo se piensa pagar. Un portavoz del Ministerio de Defensa ha reconocido a EL PAÍS que habrá que habilitar una partida especial con este fin. Hasta ahora, Defensa daba por hecho que podía echar mano del crédito ampliable con el que financia el despliegue en Bosnia. Pero este crédito está reservado para "operaciones de la ONU" y utilizarlo es ilegal.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró el pasado lunes en Londres que el coste de la intervención española en el conflicto de Kosovo "está plenamente asumido por los Presupuestos Generales del Estado", informa Lourdes Gómez. También el ministro de Defensa, Eduardo Serra, ha minimizado el precio de la participación, alegando que los cazas F-18 y el Hércules de reabastecimiento en vuelo estaban ya desplegados en Aviano (Italia), por lo que el único sobrecoste corresponde a las bombas consumidas. Sin embargo, hasta el pasado 24 de marzo, los aviones españoles estaban cumpliendo una resolución de Naciones Unidas, la que prohibe los vuelos militares en Bosnia-Herzegovina, y prestando apoyo a las tropas de la OTAN estacionadas en dicho país para cumplir también un mandato del Consejo de Seguridad. Su coste, como el de las tropas españolas en Bosnia, se financiaba con cargo al crédito 228 de la Secretaría de Estado de Defensa, que figura en el presupuesto con 10 millones de pesetas, pero tiene carácter ampliable y en 1998 superó los 20.000 millones.

Casi 2.000 millones al mes Desde hace un mes, la misión de los aviones españoles ha cambiado y, en contra de lo que pretendía el Gobierno, ya no puede cargarse a dicha partida, que responde al enunciado de: "Gastos originados por participación de las FAS en operaciones ONU". Según los expertos consultados por EL PAÍS, la denominación de una partida es ley y emplearla para una finalidad diferente a la prevista constituye una irregularidad palmaria, si no un delito.

Es evidente que los ataques de la OTAN no son "operaciones ONU", por lo que, desde el 24 de marzo, no sólo las bombas, sino también los sueldos de los pilotos o el combustible no pueden pagarse con este crédito.

Lo mismo sucede con el contingente de 400 militares que hoy tiene previsto desembarcar en Albania para levantar un campamento de refugiados. Su misión es humanitaria, e incluso encomiable, pero no es de la ONU.

¿Cuánto cuesta todo esto? Ante la falta de cifras oficiales hay que recurrir a estimaciones. Cada vuelo de un F-18 cuesta unos tres millones de pesetas en combustible, el precio de las bombas de guiado láser oscila entre dos y 5,5 millones por unidad, las retribuciones del personal destacado en Aviano suman unos 150 millones mensuales. Contando con que los F-18 han realizado hasta ahora unas 50 salidas, arrojando dos bombas cada vez (cuando las condiciones meteorológicas lo permitían) y que hay que añadir el combustible suministrado por el Hércules y el mantenimiento de los aviones, la cifra resultante ronda los 800 millones al mes.

Respecto a la Operación Alfa Romeo (Ayuda a los Refugiados), el envío de los 400 militares a Albania, su coste se estima en unos 1.000 millones mensuales, según las fuentes consultadas. La presencia de 340 soldados españoles en Albania en 1997, tras los disturbios que siguieron a la quiebra de los bancos piramidales, costó 500 millones al mes. Pero la operación actual es más cara, entre otras razones porque el contingente lleva dos helicópteros Chinook y está previsto que un buque de transporte permanezca temporalmente en la zona. Por último, y no menos importante, España tendrá que pagar su cuota correspondiente, en torno al 3,5%, de los gastos comunes de la OTAN, que hasta ahora incluyen, por ejemplo, el despliegue de los cuarteles generales del Cuerpo de Reacción Rápida y la Fuerza Móvil Aliada en Albania y Macedonia, respectivamente. Eso sin contar los costes de un bloqueo naval o una invasión terrestre, infinitamente más cara.

El Gobierno dispone de un instrumento legal simple y rápido para hacer frente a estos gastos: aprobar por decreto ley un crédito extraordinario ampliable. Dicho decreto entraría en vigor de manera inmediata y luego debería ser remitido a las Cortes para su ratificación, lógicamente por procedimiento de urgencia.

No habría ningún problema en ratificarlo: más del 90% de los parlamentarios están a favor de la intervención militar española. Lo sorprendente es que no se haya empezado todavía a preparar este texto. El Gobierno no había caído en la cuenta de que en España, como en la mayoría de las democracias, el Poder Ejecutivo puede iniciar una guerra pero al Legislativo le corresponde la última palabra, aprobando los fondos necesarios para mantenerla.