La Fiscalía vitoriana critica al Gobierno central por limitar la independencia fiscal

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria arremete en su Memoria de 1998 contra el Gobierno central por considerar que pretende limitar la independencia de los fiscales y "fortalecer su dependencia del Ejecutivo y dar apoyatura legal a situaciones ya existentes". El órgano dirigido por Alfonso Aya subraya que esta situación se materializa a través de un sistema de nombramiento del fiscal general del Estado que "entorpece la pretendida independencia de la institución". Ante la próxima discusión en el Congreso de una reforma del Estatuto del Ministerio Público, la Fiscalía alavesa dice haber constatado "actuaciones del Ejecutivo que no han sido precisamente tendentes a reforzar los principios de imparcialidad e independencia" de este órgano judicial. Sostiene que queda en entredicho la ecuanimidad en la elección del fiscal general "no sólo porque el Gobierno es libre para nombrar a un profesional afín, sino sobre todo porque la persona designada actuará siempre bajo la espada de Damocles de ser destituido en cuanto realice una actuación que no sea coincidente con el interés del Gobierno que le nombró". La Memoria repasa la actividad delictiva del pasado año en Álava, en la que destaca el ligero descenso de los asuntos incoados respecto al ejercicio anterior. Fueron un total de 15.115 procedimientos abiertos, con un decrecimiento generalizado, excepción hecha de los robos con violencia (191) sobre los que el fiscal jefe aprecia un "temor" a presentar denuncia. Despenalizar la insumisión Los actos de violencia callejera pasaron de 126 en 1997 a 76 el año pasado. La Fiscalía resalta el descenso en el uso de cócteles mólotov, especialmente tras la tregua decretada por ETA el 16 de septiembre, aunque "en los últimos días de diciembre y primeros meses del 99 se ha observado un recrudecimiento de este tipo de actos, fundamentalmente centrados en amenazas y coacciones a policías, jueces y concejales" a través de "cartas y pasquines situados en la vía pública", indica el texto. El fiscal jefe, Alfonso Aya, pone de relieve que los delitos contra la libertad sexual han disminuido un 12,5% "especialmente en lo que se refiere a los casos más graves, como son las violaciones". Los únicos capítulos que han aumentado en alguna medida han sido las lesiones, un 10% (475 procedimientos abiertos) y, en general, los delitos contra la propiedad (un total de 11.415 asuntos), centrados en robos con fuerza y con violencia, así como hurtos menores. La Memoria concluye con un apartado dedicado a la insumisión que refleja la inexistencia de un "criterio jurisprudencial uniforme" debido a la coexistencia de dos códigos penales. Destaca la incoación de 355 procedimientos en Álava y demanda la supresión de este delito en el ordenamiento legal actual.