El tribunal reduce a una pequeña multa la condena a los miembros de Unió de Pagesos por los incidentes de 1997

VIENE DE LA PÁGINA 1 El enfrentamiento se produjo después del juicio celebrado contra nueve dirigentes del sindicato por una protesta realizada en octubre de 1997 durante la crisis por la peste porcina clásica. Aquella acción consistió en arrojar cal y productos desinfectantes en algunas dependencias de Agricultura, organismo que formuló denuncia contra los autores por un delito de daños. El juicio, para el que estaba prevista una duración de cuatro días, se liquidó en apenas cinco minutos, ya que antes de iniciarse la vista y con 400 personas en las puertas de la sala, el fiscal modificó las calificaciones y convirtió la pena inicial de un año de prisión para cada uno de los acusados en una multa de 2.500 pesetas por una falta de daños, que fue aceptada por los encausados. Los acusados, entre los que se encontraba el coordinador general de Unió de Pagesos (UP), Pep Riera, valoraron la decisión judicial como un triunfo del sindicato. Un informe pericial presentado en el juicio sirvió para demostrar que la protesta de los payeses no provocó ningún desperfecto en la sede de la delegación de Agricultura, contrariamente a lo manifestado en el Parlament por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el consejero de Agricultura, Francesc Xavier Marimon, quienes, ante una pregunta de la oposición, cifraron los daños en 850.000 pesetas. UP señala que la justicia "ha puesto en evidencia al Gobierno catalán, que había incriminado al sindicato en un juicio político para desprestigiarlo y reprimir sus actuaciones, que son propias y legítimas de un sindicato en defensa de unos intereses socioprofesionales", por lo que exige que se retracte públicamente de las acusaciones efectuadas en su momento. Por su parte, la Federación del PSC de Lleida acogió con satisfacción el resultado del juicio contra los dirigentes de UP, lamentó que Pujol y Marimon mintieran "descaradamente" en el Parlamento y anunció que volverá a presentar una proposición no de ley, similar a la que CiU y el PP rechazaron el 5 de marzo de 1998, para instar a la Generalitat a que devuelva las fichas policiales a los sindicalistas procesados. Esta no ha sido la primera vez que el sindicato agrario logra introducir una vaca en el interior de las oficinas de Agricultura en Lleida para expresar su descontento por la política agraria de la Generalitat, pero ayer, a diferencia de anteriores ocasiones, los mossos impidieron en un primer momento la entrada del animal formando una barrera humana en la puerta, lo cual encendió los ánimos de los manifestantes. De los forcejeos se pasó a los golpes y los payeses, envalentonados por la respuesta policial, se abrieron paso a empujones hasta que consiguieron entrar con la vaca. Una vez calmados los ánimos, UP improvisó una asamblea en el vestíbulo que fue aprovechada para criticar la contundente actuación de la Policía Autonómica. "Los payeses somos trabajadores, no terroristas", dijo un dirigente del sindicato dirigiéndose a los mossos . "Hemos venido a protestar de forma pacífica y no a que nos peguéis. Vosotros sois unos desertores del arado y no nos podéis tragar porque la mayoría sois unos fracasados de la tierra". Un portavoz del Departamento de Agricultura calificó este nuevo incidente de "lamentable", y añadió que se está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia contra los responsables del sindicato.