El agua del Segura

EL PRESIDENTE de la Diputación de Alicante, Julio de España, se ha escandalizado porque un informe de la Universidad de Elche ha identificado materias tóxicas en suspensión en el cauce del río Segura. Su respuesta a las informaciones que revelaban esos datos ha sido pedir la cabeza de quien hizo los análisis y la de quien los divulgó, el ex diputado Rafael Martínez-Campillo.La proximidad de la celebración de elecciones locales y la manifestación convocada en Madrid en mayo en defensa del Segura inducen a sospechar al político popular que la publicidad sobre el estado calamitoso del río responde a una maniobra política. Pero hace diez años que el entonces diputado por el CDS Martínez-Campillo pedía en el Congreso información sobre "el estado ecológico del Segura y el impacto que el alto grado de contaminación de sus aguas produce sobre el medio ambiente y las poblaciones incluidas en el ámbito de su influencia". Y ocho que presentaba ante la Comisión Europea una queja por el incumplimiento en España de dos directivas sobre vertidos. El Segura no es el único río español que sufre las consecuencias de la irresponsabilidad colectiva, se trate de vertidos industriales, agrícolas o simple desidia ciudadana. España no es todavía, lamentablemente, un país que valore la suprema importancia de mantener un entorno natural a salvo de las agresiones de la ignorancia o la especulación. A muchos no se les alcanza la necesidad de conservar un patrimonio irreemplazable que debería ser transmitido a otros en las mejores condiciones posibles. Pero en el caso específico del Segura hace décadas que sus aguas desaparecen en cuanto el río llega a la Vega Baja, un poco antes de Murcia. Todo su caudal y el doble que llevara se consume con avidez en los prósperos cultivos agrícolas de sus márgenes. A partir de la Vega Baja, y hasta su desembocadura en Guardamar, hace de estercolero de las aguas fecales de los municipios adyacentes y los vertidos agrícolas e industriales, la mayoría de ellos sin depurar, tal como se reconocía en el Congreso en 1988 y ratificaba la semana pasada en el mismo foro la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino.

Ese estado putrefacto del río, y no una conspiración, es lo que ha movilizado a varios colectivos de distintos municipios para manifestarse en Madrid el mes próximo. Con los análisis de la universidad se ha sabido, además, que transporta metales tóxicos en suspensión en unas concentraciones peligrosas, que dejarían de serlo en un río con más agua.

Los responsables de la cuenca deberían sonrojarse por tener autorizados -es decir, bajo control administrativo- sólo dos de los centenares de vertidos salvajes y contaminantes que van a parar a la corriente de un río que necesita a todas luces una frecuencia de análisis de metales superior a la anual o semestral que efectúa la Confederación. Y el presidente de la Diputación alicantina haría mejor si dedicara más recursos para que las depuradoras municipales funcionen satisfactoriamente en lugar de buscar abogados para perseguir a quien afirma que están fuera de servicio.