"El fallo de los lores coloca a Pinochet más cerca de Chile que de España"

Pinochet quedará en sus manos si regresa a Chile. Él será el encargado de instruir la causa, juzgar al procesado y dictar sentencia. El reto profesional es incuestionable, pero el juez Juan Guzmán Tapia, de 60 años, hombre de bajo perfil, confiesa que su vida ha experimentado un giro de 180 grados desde que asumió el papel de investigar las alcantarillas del régimen militar de Pinochet.En la Segunda Sala de Apelaciones, la oficina de Juan Guzmán suele permanecer con la luz encendida. En su interior, el juez revisa estos días toda la jurisprudencia que tenga alguna relevancia en el caso Pinochet, y ha estudiado a fondo las legislaciones británica y española. "Antes, los fines de semana me iba de Santiago con mi familia. Ahora ya ve".

Temeroso de dar opiniones, lo primero que muestra es una carta que le ha enviado el presidente de la Corte Suprema en la que le recuerda la inconveniencia de efectuar declaraciones. "El fallo de los jueces lores coloca a Pinochet más cerca de Chile que de España", estima este juez chileno que instruye las 20 querellas criminales contra el exdictador que han sido admitidas a trámite hasta la fecha.

Sin decirlo abiertamente, el magistrado comparte la opinión de aquellos juristas que consideran que entre ser juzgado en igualdad de condiciones en España, el Reino Unido o Chile, el futuro de Pinochet sería más negro en su país, ya que aquí no habría límites de tiempo, por lo que haría frente a cargos mucho más graves por los crímenes cometidos por las fuerzas militares y policiales antes de 1988, año a partir del cual los lores le han negado inmunidad. Pero en Chile hay serios obstáculos para llevar al exdictador ante los tribunales. Y no por falta de honestidad de jueces como Guzmán, sino por las ataduras antidemocráticas que dejó el régimen militar antes de entregar el poder. La ley de amnistía, que cubre los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1977 y el 10 de marzo de 1978 -período de las mayores violaciones de derechos humanos- o la preponderancia de la justicia militar sobre la civil para juzgar a Pinochet, son algunos de las barreras que tendría que sortear Guzmán.

El juez tiene pocas dudas de que el ministro británico del Interior, Jack Straw, revisará su anterior decisión pero acabará dando la luz verde para que el proceso de extradición a España siga adelante. Y califica de "puras especulaciones sin fundamento" las versiones que han apuntado la posibilidad de un viaje suyo a Londres para interrogar a Pinochet.

Guzmán reconoce que tras el fallo de los lores, el juez Garzón tiene competencia para someter a juicio a Pinochet por los delitos acotados después de 1988. En Chile, añade, podría ser juzgado en base al artículo 274 del Código Penal, en concreto los apartados que se refiere a "que esté justificada la existencia del delito" y a la existencia de "presunciones fundadas de que ha tenido participación en el delito". Queda, sin embargo, un requisito fundamental que impide a Guzmán avanzar hacia el dictamen de un auto de procesamiento contra Pinochet: no le ha interrogado. Éste es un elemento de gran importancia para el juez, que se declara partidario de la declaración verbal y no por oficio, porque la primera permite "percibir una cantidad de cosas que jamás podrían detectarse a través de un oficio" y porque esta última suele ser redactada por el abogado defensor.

Desde que aceptó a trámite la primera de las 20 querellas que instruye contra Pinochet, el juez Guzmán ha practicado entre 200 y 300 diligencias. Hay delitos de gran envergadura, asegura, con elevadas cifras de víctimas, como la caravana de la muerte, en la que fueron fusilados 72 opositores en octubre de 1973 o la existencia probada de un búnker en la Colonia Dignidad, que estuvo en funcionamiento como centro clandestino de detención entre los años 1973 y 1975.