Gasolina más cara
LA DECISIÓN de los países productores de petróleo de recortar la producción diaria en 1,7 millones de barriles, aprobada el martes pasado en Viena, ha desencadenado varias ondas de choque sobre los mercados. La primera es un síndrome de encarecimiento inmediato de las gasolinas y el gasóleo. Las autoridades energéticas españolas, con el ministro de Industria, Josep Piqué, a la cabeza, dan por sentado que la subida del crudo puede traducirse en aumentos de hasta cuatro pesetas en el litro de gasolina en España. Si las previsiones de los países productores se confirman y el recorte de producción empuja el precio del barril a los 17 dólares -superó ayer los 14 dólares en el mercado de Londres-, los tiempos de materias primas baratas, uno de los sólidos pilares de la desaceleración inflacionista general, pasarían a la historia.En el caso de España, el impacto sobre la inflación será evidentemente profundo, porque la economía española incorpora costes energéticos por unidad de producto más elevados que sus competidores europeos. Pero la consecuencia más importante de este encarecimiento del crudo será sin duda la confirmación de que en España no existe realmente un mercado competitivo de gasolinas. El 80% de ese mercado está controlado por dos grandes empresas, Repsol y Cepsa. Durante muchos años, la estrategia de ambas compañías ha consistido en anclar sus precios a los precios máximos calculados en función de los precios internacionales; y cuando el Gobierno suprimió los precios máximos, el duopolio reaccionó comportándose como si siguieran existiendo. Los precios se han movido acompasadamente con el coste del crudo. El resultado es que, mientras el abaratamiento del petróleo se ha trasladado trabajosamente a los precios de las gasolinas, que han bajado en torno a seis pesetas en los últimos 10 meses, su encarecimiento se vaya a trasladar rápidamente al bolsillo de los consumidores.
Es un hecho que la estructura de duopolio en España impide que exista una tensión a la baja de los precios. No hay empresas dispuestas a ganar cuota de mercado si bajan los precios más allá de lo que permite el coste del petróleo. Vuelven a desmentirse así los alardes oficiales de haber liberalizado los mercados, que confunde pertinazmente la posibilidad legal de que otras empresas puedan actuar en España con el hecho de que se den las condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades para que sea rentable hacerlo. Mientras el Gobierno no entienda que la auténtica liberalización es la mencionada en segundo lugar, no habrá competencia que pueda amortiguar el impacto del encarecimiento del petróleo.
Pero si para los países consumidores, entre ellos España, el recorte de producción puede dificultar el control de la inflación, para los países productores puede ser la clave que ayude a controlar sus déficit y a pagar su deuda externa. No hay duda, por tanto, de que, a cambio de probablemente más inflación en los países consumidores, la decisión de la OPEP mejorará las cuentas exteriores de los países productores. Sobre todo en América Latina.
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