Serra acude al Congreso con urgencia tras las críticas de la oposición

Tras el alud de críticas recibidas por ignorar a la opinión pública y ningunear al Parlamento en la decisión de participar en el ataque de la OTAN contra Yugoslavia, el Gobierno español intentó recuperar ayer el tiempo perdido. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, que el miércoles se negó a contestar las preguntas de los periodistas, convocó una rueda de prensa y pidió comparecer esta tarde con carácter de urgencia ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Mientras dos F-18 españoles, integrados en una formación multinacional, despegaban de la base de Aviano (Italia) para participar, por segunda noche consecutiva, en los bombardeos sobre Yugoslavia, Serra comparecía ante los medios de comunicación.Frente al distanciamiento mostrado por el ministro de Exteriores Abel Matutes y por el propio presidente José María Aznar, hasta su breve alocución del jueves por la noche en Berlín, como si el Gobierno español fuese ajeno a la decisión de la OTAN de atacar Yugoslavia, Serra justificó la necesidad de los bombardeos para evitar una "inminente catástrofe humanitaria en Kosovo".

Fue también el primer representante gubernamental que reconoció los "riesgos evidentes" de la operación. En primer lugar, para los pilotos españoles que participan, pues la capacidad de defensa antiaérea del Ejército yugoslavo "no es pequeña". Pero también, para las tropas españolas desplegadas en Bosnia, especialmente las que están en la zona bajo control serbio, que han tomado medidas de autoprotección.

Serra expresó su confianza en que los bombardeos sean "efectivos" y fuercen a Milosevic a aceptar el plan de paz para Kosovo propuesto por la comunidad internacional, pero reconoció que la OTAN no sabe aún que hará si el castigo no doblega a Belgrado y excluyó, al menos por ahora, el despliegue de tropas terrestres sin el acuerdo de las partes.

Respecto a la actuación de los dos F-18 y el Hércules de reabastecimiento en el primer ataque aliado, aseguró que, según las estimaciones provisionales, "alcanzaron los objetivos fijados". Aunque Serra no quiso detallarlo, los dos cazas españoles atacaron instalaciones militares en la república yugoslava de Montenegro con bombas de guiado láser GBU-16 de 900 kilos de peso.

"Desprecio al Parlamento"

Serra, que llevaba su discurso escrito, se remitió a su comparecencia conjunta con Matutes ante el Congreso del pasado 6 de octubre y a los contactos que el miércoles y jueves, ya dictada la orden de ataque, mantuvo con los líderes de la oposición para rechazar las críticas de no haber contado con el Parlamento. Él mismo, sin embargo, no debía estar del todo convencido, ya que anunció que había pedido comparecer hoy mismo ante la Comisión de Defensa del Congreso.La comparecencia del ministro, decidida a última hora, le obligó a suspender la visita que tenía previsto realizar esta tarde al destacamento español desplegado en la base de Aviano.

Poco antes, los grupos parlamentarios Socialista, Mixto e Izquierda Unida habían presentado un escrito ante la Mesa del Congreso en el que calificaban de "grave desprecio al Parlamento y a la sensibilidad democrática" la petición del presidente José María Aznar, presentada ayer por la mañana, de mezclar en el pleno del próximo martes el debate sobre Kósovo con el relativo a la cumbre europea de Berlín.

Para los tres grupos, que reúnen al conjunto de la izquierda parlamentaria, es de "extrema gravedad" que Aznar sea el único jefe de un Gobierno europeo de relevancia que no ha comparecido todavía ante su Parlamento, lo que resulta "especialmente irresponsable dada la participación española en una operación que conlleva evidentes riesgos, por lo que la consulta al Parlamento se hace ineludible". En consecuencia, reclaman la celebración de un debate parlamentario específico sobre la crisis de Kósovo y la intervención de la OTAN. El escrito es más significativo por el hecho de que los tres grupos mantienen posturas divergentes sobre el conflicto.

El PSOE apoya plenamente el ataque, pese a lamentar que no cuente con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. En la misma línea se han manifestado Convergència i Unió y Coalición Canaria, además del PP. Por el contrario, el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha llegado a calificar la operación militar de "crimen de Estado" y "violación de la legalidad internacional", mientras que ha acusado a Aznar de despreciar las normas y vulnerar las resoluciones del Parlamento, informa Rodolfo Serrano.

Anguita se refiere a una resolución, aprobada por unanimidad del pleno del Congreso en octubre de 1995, según la cual "la participación española en operaciones de paz se hará siempre bajo la autoridad de las Naciones Unidas y por mandato de su Consejo de Seguridad".

Serra alegó ayer que esta resolución "no es aplicable a la actual situación". El problema radica en que la única previsión legal para la participación de España en un conflicto internacional es el artículo 63.3 de la Constitución, que atribuye al Rey, "previa autorización de las Cortes, declarar la guerra y hacer la paz".

El PSOE, según manifestó ayer a EL PAÍS su portavoz en la Comisión de Exteriores, Rafael Estrella, propondrá al Gobierno y a los demás grupos políticos la institucionalización de "mecanismos específicos de consulta al Parlamento en supuestos de participación o colaboración en operaciones militares, especialmente si conllevan el uso de la fuerza".