Ultimátum del PSOE para que el PP renuncie al mercado del agua

El tira y afloja que mantienen el PSOE y el Ministerio de Medio Ambiente en las negociaciones para consensuar la reforma de la Ley de Aguas sufrió ayer un traspié con el envío de una carta-ultimátum de la interlocutora socialista Cristina Narbona a la ministra Isabel Tocino. Dice en ella que los socialistas están dispuestos a mantener conversaciones siempre que el Gobierno desista de autorizar los mercados del agua, una de las apuestas más decididas de la actual Administración, convencida de que se trata de un mecanismo que incentivará el uso racional y eficiente de este recurso.Según explicó Narbona, el mercado del agua, en lugar de favorecer ese objetivo, permitirá que los actuales concesionarios de derechos de uso obtengan beneficios por algo que no les ha costado nada. Y eso no es justo, según su criterio.

Los socialistas no se conforman con que se prohíba a las compañías hidroeléctricas que comercien con sus derechos. En una lectura pormenorizada de la reforma propuesta han encontrado vías (artículo 59.2) por las cuales se podría aplicar una excepción a la obligatoriedad de que el agua se mantenga adscrita a los usos de su título concesional (riego, abastecimiento, electricidad).

Pagar las obras

Tampoco encuentran ninguna experiencia comparable en los países desarrollados que sirva de referencia, "ni es aceptable, desde el punto de vista social, que alguien obtenga un beneficio por ceder un bien público por cuyo derecho al uso no ha tenido que pagar nada", dice la carta. Narbona recordó la experiencia chilena, donde la privatización del agua y su control por el sector energético han provocado gravísimas consecuencias, con restricciones y cortes del fluido eléctrico.La diputada socialista insistió en que su partido no está dispuesto a asistir a reuniones de tres horas en las que el secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, se explaya en las bondades de la reforma y en negar que se creará un mercado del agua, "porque es radicalmente falso", dijo.

Mantienen la exigencia de que las comunidades participen en las sociedades estatales para construir obras. La excepción que el Gobierno hace en el caso de Acusur (Aguas del Sur), a Narbona le parece que carece de relevancia, "porque la cuenca del sur está íntegramente ubicada en Andalucía y en proceso de transferencia".

El diputado por Huesca Víctor Morlán informó de que la sociedad del Ebro (Acesa), donde el presidente del Par está de consejero, construirá la presa de Santaliestra, valorada en 21.500 millones de pesetas, que será cofinanciada por los regantes. Sus aportaciones supondrán un coste de 5.000 pesetas por hectárea para hacer frente a la amortización. Los socialistas son partidarios de que los regantes contribuyan a pagar costes, pero creen que por este procedimiento no se harán infraestructuras sociales, sino sólo aquellas que puedan costear los grandes grupos económicos.