67 premios Nobel reclaman dinero público para investigar con embriones humanos

En un pulso sin precedentes desde los debates sobre la enseñanza del creacionismo en los años ochenta, la élite científica estadounidense se ha puesto en pie de guerra contra los sectores más conservadores de la política de aquel país, esta vez acerca de la financiación pública de la investigación con embriones humanos. Sesenta y siete premios Nobel firmaron ayer en la revista Science un alegato a favor de esos experimentos, en respuesta a 70 congresistas que el mes pasado exigieron al Gobierno de Bill Clinton que vete cualquier apoyo al uso de células obtenidas de embriones humanos.

Casualmente, el manifiesto de los Nobel llega tan sólo un mes después de que, en España, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, el panel de expertos que asesora al Gobierno sobre esas cuestiones, hiciera un pronunciamiento tibiamente contrario al uso de embriones humanos para obtener células trasplantables. La comisión, dividida internamente, admitía la gran utilidad de esas técnicas, pero confiaba en que nuevos avances las hicieran pronto innecesarias.La mayoría de los firmantes del manifiesto de ayer son premios Nobel de áreas biomédicas, entre ellos, David Baltimore, Renato Dulbecco, Walter Gilbert, David Hubel, Arthur Kornberg, Joshua Lederberg, Susumu Tonegawa, James Watson y otros nombres inscritos con mayúsculas en la historia de la biología del siglo XX. También figuran grandes físicos, como Sheldon Glashow, Steven Weinberg, Leon Lederman y Murray Gell-Mann, además de los economistas Milton Friedman y Paul Samuelson.

Los premios Nobel firmantes aseguran que las células obtenidas de embriones humanos tienen "implicaciones enormes para la medicina clínica", ya que pueden usarse para "generar una larga lista de células y tejidos para trasplantes", tales como células cardiacas para reemplazar a las que mueren tras un infarto, neuronas para pacientes de Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas, y células de páncreas que producen insulina para tratar "o incluso curar" a los diabéticos.

Sobre el intento de los 70 congresistas de reimponer un veto financiero sobre estos experimentos, los premios Nobel se muestran contundentes en su texto: si ese sector del Congreso logra el veto, "puede que esos enormes beneficios médicos y científicos nunca lleguen a estar disponibles para los pacientes que los necesitan tan desesperadamente".

Hasta el mes pasado, la experimentación con embriones humanos, aun siendo legal en Estados Unidos, carecía de fondos públicos en virtud de una decisión tomada hace tres años por el Congreso y basada en reparos de tipo ético. El resultado era que los grandes centros científicos dependientes de dinero público veían vetados en la práctica esos experimentos.

Pero, entretanto, las investigaciones seguían adelante con fuentes privadas de financiación. El ejemplo más notable fue el de James Thomson, de la Universidad de Wisconsin, quien, haciendo verdaderos malabarismos para reservar un rincón de su laboratorio al margen de la financiación pública, logró realizar un experimento clave que conmocionó a la comunidad científica internacional el pasado mes de noviembre.

Thomson utilizó embriones humanos obtenidos por fecundación in vitro, los destruyó a los pocos días y obtuvo de ellos cultivos de células madre capaces de reproducirse indefinidamente en placas de laboratorio y de diferenciarse luego en cualquier tipo de tejido humano adulto.

Estimulados por las evidentes posibilidades que esa técnica abría para los trasplantes de tejidos, los científicos dependientes de fondos públicos se movilizaron para exigir el levantamiento del veto financiero. La presión cristalizó el mes pasado, cuando Harold Varmus, director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), el gigantesco organismo público que costea la mitad de toda la investigación biomédica estadounidense, anunció que iba a financiar los experimentos sobre células madre humanas.

Los 70 congresistas se opusieron a la decisión de Varmus "de la forma más radical posible". En una carta dirigida al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno federal, aseguraron que "cualquier acción del NIH para iniciar la financiación de tales investigaciones violaría tanto la letra como el espíritu de la ley que veta el apoyo federal para toda investigación en la que los embriones humanos resulten dañados o destruidos".

"Esa legislación", proseguían los congresistas, "ha supuesto un baluarte contra la explotación por parte del Gobierno de seres humanos en nombre del progreso médico".

La Administración de Clinton tendrá ahora que enfrentar los argumentos de 70 congresistas con los de 67 premios Nobel. Entretanto, las pequeñas empresas privadas de biotecnología de Estados Unidos seguirán adelante con una línea experimental que, además de esenciales aplicaciones médicas, generará muy probablemente abultados beneficios económicos.