El PSOE acusa a Sanidad de pagar asistencia privada a 219.000 trabajadores

El Gobierno necesita 16.870.000 millones de pesetas para cumplir con las empresas sanitarias colaboradoras de la Seguridad Social. Es decir, para saldar cuentas con aquellas entidades que prestaron asistencia a los trabajadores de determinadas empresas, cuyos servicios se financiaron con dinero público durante 1998. Por eso, el Ejecutivo ha redactado un proyecto de ley, que será discutido en el Congreso la próxima semana y que autoriza al Gobierno a solicitar un crédito extraordinario por valor de ese importe.Es una decisión que afecta a 219.000 trabajadores de grandes empresas del sector servicios -Radiotelevisión Española, Telefónica o Banesto, por ejemplo- y que, según el PSOE, supone financiar con impuestos una atención médica "privada" que podría asumir el Sistema Nacional de Salud.

Las entidades colaboradoras son aquellas que gestionan prestaciones que, como la sanidad, correspondían a la Seguridad Social. Aparecieron en 1966, hoy se acercan a la treintena -las hay públicas y privadas- y, según el subsecretario de Sanidad, Enrique Castellón, "nunca han sido cuestionadas" y "siempre se han financiado con dinero público".

Lo que es una novedad es que se haga, como pretende el Ejecutivo para cerrar las cuentas de 1998, con un crédito extraordinario. Desde 1996, las empresas que se beneficiaban de esta situación especial se hacían cargo de la atención sanitaria de sus trabajadores, pero luego lo compensaban con deducciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

"Ni una peseta más"

Ese sistema era "mucho más opaco", según el subsecretario de Sanidad, para quien el nuevo mecanismo permite al Ejecutivo no pagar "ni una peseta más de lo que costaría la asistencia de esos trabajadores en el Sistema Nacional de Salud". Castellón subrayó además que la petición de este crédito no significa que el próximo año se vaya a hacer lo mismo para saldar las cuentas correspondientes a 1999.Al PSOE le molesta la forma de la medida, pero también el fondo. Para su diputada y ex ministra de Sanidad, Ángeles Amador, se trata de un paso más hacia un modelo sanitario basado en los seguros sociales, "estratificado, caro, insolidario e ineficaz". El PSOE defiende que desaparezcan las entidades colaboradoras y esos trabajadores que hoy reciben atención a través de ellas se reintegren en el Sistema Nacional de Salud. "Es un modelo obsoleto", sentenció Amador.Por eso su grupo presentará una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno.

La ex ministra aseguró que estas entidades están sobrefinanciadas, ya que sólo se hacen cargo de los trabajadores hasta que éstos se jubilan, "cuando tienen menos necesidades sanitarias".

El Ministerio de Sanidad no sólo no comparte esa opinión, sino que asegura que su coste está controlado. En 1996 se pagaron 16.900 millones a estas entidades, aseguró Castellón. El subsecretario rechazó que la situación especial que viven esos 219.000 trabajadores o los funcionarios -que pueden elegir entre la sanidad pública o la mutua Muface- signifique, como afirmó el PSOE, la existencia de diferentes sistemas sanitarios públicos.