La oposición cree que Castro teme perder el control de la sociedad

El Gobierno cubano ha lanzado un claro mensaje de que de ahora en adelante va a ser aún más implacable con la disidencia, por pequeña que ésta sea. Se trata de dos nuevas leyes: el endurecimiento del Código Penal y una ley contra la colaboración con Estados Unidos. La pregunta que se hacen diplomáticos europeos es ¿por qué se toman estas medidas ahora?, justo en un año en el que el Gobierno cubano se dispone a recibir a los Reyes de España y a los presidentes de Iberoamérica, y cuando se esperaba un clima de mayor apertura. Especialmente, tras la estela que dejó el Papa.Según algunos disidentes y periodistas independientes, como el presidente de Cuba Press, Raúl Rivero, las dos leyes aprobadas por el Parlamento son una huida hacia adelante. "Se está viviendo un momento económico difícil y de incremento del descontento, y el Gobierno se está adelantando a los acontecimientos para no perder el control", opina Rivero. "No es casualidad", afirma, "que las dos leyes aprobadas vayan en esta línea de mantener el control social".

Perplejidad

Gerardo Sánchez, miembro de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), ve las nuevas medidas con perplejidad. "Son desafortunadas. Después de un periodo de relajamiento, en el que ha descendido el número de presos políticos y los procesados por este tipo de delitos no llegaron el año pasado a las tres decenas, ahora ocurre esto". "De todas formas", aconseja, "hay que esperar. Es difícil saber si se va a aplicar, o si sólo se va a utilizar como instrumento de coacción". Según la CCDHRN, en julio de 1998 había en las cárceles 381 presos políticos, mientras que el pasado 1 de enero la cifra se había reducido a 339. Para el disidente democristiano Osvaldo Paya, la nueva ley pretende intimidar a los disidentes y enterrar cualquier tipo de oposición.

Los más pesimistas afirman que otra señal de la línea de endurecimiento político puede ser la decisión de la Fiscalía General de la República de hacer precisamente ahora, tras la aprobación de la ley, el juicio contra el salvadoreño Ernesto Cruz León, quien está acusado de colocar seis bombas en cinco hoteles y un restaurante de La Habana en el verano de 1997, atentados que costaron la vida a un turista italiano. La fiscalía pedirá la pena de muerte.

Además, esta semana el disidente Óscar Elías Biscet, presidente de la llamada Fundación Lawton, fue detenido en La Habana trasmanifestarse en las cercanías de un hospital. Los manifestantes protestaban contra la pena de muerte.

Asimismo, mañana comienza un juicio contra cuatro conocidos disidentes acusados de sedición. Sus condenas serán el mejor termómetro para comprobar la voluntad del Gobierno hacia la oposición. [De momento, las autoridades cubanas detuvieron ayer a una docena de opositores para evitar incidentes durante el juicio, informa Reuters].