Los fiscales piden una regulación urgente de las pruebas de ADN

Los fiscales jefes de España, reunidos desde el jueves en Madrid, pidieron ayer al Parlamento la "urgente regulación legal" de la toma de muestras del cuerpo humano para realizar las pruebas del ADN y su utilización en las investigaciones penales. En el debate de los fiscales se planteó la necesidad de conciliar la eficacia de la nueva herramienta con su uso garantista y el respeto a los derechos fundamentales.

En contraste con la claridad de la Constitución, que en su artículo 18 garantiza "el derecho a la intimidad personal y familiar", y en su artículo 15 reconoce el derecho "a la integridad física y moral", los fiscales apreciaron imprecisiones en la actual ley de Enjuiciamiento Criminal y un vacío legal respecto a la utilización de estos modernos medios de prueba.El actual fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo -ex fiscal general del Estado-, expresó la necesidad de que se regulen con mucha precisión "las intervenciones sobre el cuerpo humano para extraer muestras que permitan identificar a los delincuentes". El propio Ortiz Úrculo advirtió de que los análisis del ADN "pueden afectar a derechos fundamentales". Lamentó que estas nuevas técnicas no estén reguladas con precisión "y a veces no estén previstas de ninguna forma".

Problemas éticos

Antonio Alonso, facultativo del Instituto Nacional de Toxicología, expuso a los fiscales los problemas éticos, además de legales, que pueden derivarse de la utilización de la información genética. En concreto, se refirió a la posibilidad de creación de bases de datos de ADN generalizados, la comparación sistemática de perfiles de ADN informatizados, las pruebas de ADN a personas fallecidas, en relación con casos judiciales cerrados, la obligatoriedad o no de los análisis de ADN y la inexistencia de una regulación sobre acreditación de los laboratorios y custodia de muestras y datos.

El fiscal jefe de Salamanca, Federico Bello, pidió concreción legal sobre si un juez puede utilizar datos obtenidos en hospitales para una investigación sobre la paternidad, así como definir la intervención de la policía, la garantía de la conservación de las muestras y su análisis en centros debidamente homologados.

Bello relató un caso en el que las muestras del ADN extraídas del semen del agresor de una violada no coincidían con las del hallado en su vagina. Gracias a las investigaciones posteriores se pudo demostrar que los restos eran de su pareja, con quien había mantenido relaciones antes de ser agredida. Así se comprobó que lo declarado por la mujer era fiable.

Otra cuestión analizada por los fiscales fue la negativa a la toma de datos para las pruebas, cuando exista peligro para la salud o integridad física o no existan indicios que las justifiquen.

Ortiz Úrculo recordó que la jurisprudencia ha estimado la negativa a la prueba como indicio de culpabilidad.

Ante la eficacia potencial de estos procedimientos para la lucha contra la delincuencia, un estudioso de esta materia, el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, consultado por este periódico, consideró "peligroso el uso eficacista de estos procedimientos, ya que, por garantizar una milésima de criminalidad, se puede atentar contra la seguridad jurídica, mediante la vulneración de derechos fundamentales".

Otro magistrado, Ángel Juanes Peces, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cree que la aplicación de estas nuevas técnicas exige "esmerar las garantías y el principio de proporcionalidad, según la jurisprudencia".