El PP cede en su idea de demoler la sala de fiestas junto a la Alhambra
El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada dio ayer otro frenazo en sus pretensiones de demoler el polémico edificio del Rey Chico, una sala de fiestas situada en la falda de la Alhambra cuyo impacto visual es objeto de una viva polémica, desatendiendo así las protestas de miles de ciudadanos. El Ayuntamiento pidió la ayuda económica de la Junta de Andalucía para hacerse con el inmueble, aunque ya sin la condición de comprarlo para derribarlo. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, es contraria a la demolición del edificio, cuya existencia es considerada por la Plataforma para la Demolición del Rey Chico como un atentado urbanístico salvaje.Las trabas y los retrasos en las negociaciones entre el Ayuntamiento y el promotor, Virginio Sánchez, llevaron ayer al concejal de Contrataciones y Compra, el popular Francisco Pertíñez, a pedir a la Junta su participación económica para hacerse con la propiedad del inmueble sin imponerle condiciones, como hasta ahora se había hecho.
Pertíñez declaró ayer que el Ayuntamiento no renuncia a su idea de demolerlo pero que está abierto a lo que sugiera una comisión técnica formada por la Junta, el Ministerio de Cultura y la corporación municipal. "Vamos primero a comprar el Rey Chico, y, una vez que sea nuestro, discutimos si se hace una demolición parcial, o total, o no se hace demolición", dijo Pertíñez, que insistió en que el Ayuntamiento ya no pone condiciones previas para negociar. Este giro no se había producido nunca hasta ahora, ya que, desde el primer momento, el alcalde de la ciudad, Gabriel Díaz Berbel, dijo que haría todo lo posible para derribar el edificio cuanto antes.
Tanto el Ayuntamiento de Granada como el Ministerio de Educación y Cultura optan por hacer desaparecer el inmueble. Esta postura los mantiene enfrentados con la Junta, que alega que el Rey Chico podría ser destinado para usos culturales, como el Conservatorio de Danza. El inmueble vale 660 millones de pesetas. La Junta alega que invertir esa cantidad para derribar un edificio resulta un derroche. Intelectuales o colectivos como la Plataforma para la Demolición del Rey Chico no cesan de exigir que se actúe inmediatamente.
