"Pinochet tenía mucho más criterio que estos payasos"

Casi dos decenios después de la última dictadura militar en Argentina, siete antiguos jefes y generales, que incluyen a los miembros de dos juntas de gobierno, están detenidos y procesados. Hombres que provocaban terror en la década de los setenta se encuentran en arresto domiciliario. Nombres de triste recuerdo, como Videla, Massera, Bignone.El juez Adolfo Luis Bagnasco, de 44 años, 20 de ellos en la carrera judicial, hijo de juez, ordenó su captura y después de interrogarlos inició un proceso en su contra. Es el juez instructor de la causa del robo y suplantación de identidad de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura.

Bagnasco se ha convertido en el juez estrella dispuesto a romper la imagen de impunidad de los delitos que implican al poder político y económico. No le gusta que le llamen el Garzón argentino: "Yo soy el Bagnasco de aquí..."

Adolfo Bagnasco no tiene empacho en afirmar que "los militares sólo sirven para estar en los cuarteles. Y para nada más". Sus detractores le acusan de afán de protagonismo. "Que hoy se juzgue a los militares es un logro de todos". Habla sin miedo y de su boca salen opiniones poco habituales en un juez: "Por lo menos, Pinochet tenía un criterio de conducción político-estratégico mucho mayor que el de cualquiera de estos payasos [refiriéndose a los militares argentinos]".

Pregunta. Usted ha procesado a siete jefes de la dictadura argentina. El general chileno Augusto Pinochet está detenido en Londres. ¿Qué ocurre en América Latina? ¿Se acabó la impunidad para genocidas y dictadores?

Respuesta. En Argentina, desde los años treinta, hemos tenido una gran cantidad de golpes militares. Nunca hubo en este país una sanción penal contra quien rompió el orden institucional. Hasta que, en 1985, se celebró el juicio a las juntas de comandantes de la última dictadura. Y fueron condenados. Logramos asentar la democracia y la economía, y ahora estamos en la tercera etapa de asentar las instituciones. Apropiarse del Estado para cometer hechos ilícitos es terrible. Entiendo que esto es lo que se juzga en los casos que nos ocupan. La gente que se apropia del Estado para cometer actos ilícitos merece algún tipo de castigo. Y esto tiende a desalentar a que en el futuro no se repita.

P. Seis mujeres de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y un par de abogados iniciaron en 1996 la causa del robo de bebés. Dos años después hay siete altos jefes militares detenidos.

R. La causa se inicia el 30 de diciembre de 1996. Nosotros nos ponemos a trabajar en febrero de 1997. Es la causa más joven que existe en Argentina y la única a la que se aplica el Código Penal nuevo, reformado por el Gobierno constitucional. Todas las otras causas todavía se rigen por el viejo código, que usaba la dictadura. En esta causa tenemos más de 30 imputados. El problema es encontrar elementos de prueba suficientes para poder presentar cargos. En el caso del robo de niños no tenemos muchas pruebas documentales porque no se tomaban o se destruyeron. Hemos podido imputar los hechos que hemos podido probar.

P. Usted ha calificado el robo de bebés como el aspecto más aberrante de la represión ilegal. ¿De qué forma funcionaba este plan?

R. Nosotros sostenemos que existía una sistematización. En nuestra investigación hemos podido comprobar que muchas de las mujeres que eran detenidas estaban embarazadas, según se comprobaba posteriormente. La práctica habitual era esperar a que dieran a luz, tras lo cual se separaba a los bebés de sus madres. Sólo conocemos un caso en el que la madre aparece viva con su hijo. En el resto desaparecieron. Los bebés corrían distinta suerte. En algunos casos, eran trasladados a un centro asistencial y otros han aparecido en manos de otras personas, muchas de ellas apropiadores de mala fe. Esta metodología nos lleva a 194 casos. Nosotros creemos que había un patrón de conducta, se daba la orden de no registrar los nacimientos y no preguntar la identidad de la persona que daba a luz.

P. Ha terminado la primera etapa de la investigación. ¿Cuál es la siguiente y quiénes pueden ser los próximos procesados?

R. Nosotros hemos pedido a las autoridades de las Fuerzas Armadas la hoja de servicio de los militares imputados en la causa. Tenemos un mapa geográfico de Argentina que nos muestra la existencia de cerca de 350 centros clandestinos de detención durante la dictadura, con distinta infraestructura y distinta capacidad.

P. ¿Qué trabas ha encontrado usted en el proceso de instrucción?

R. La traba mayor es encontrar las pruebas. Pero no he tenido impedimentos. El mayor inconveniente es reconstruir una etapa de nuestra historia en la que se hizo mucho para que no quedara rastro.

P. ¿Cree usted en la globalización de la justicia y en la posibilidad de procesar a antiguos dictadores fuera de su país?

R. No es una cuestión de creer o no creer, sino de ver su conveniencia o su posibilidad. Pinochet no es el primer dictador que existe en el mundo, ni siquiera en América Latina. Creo que tiene que haber organismos internacionales que pongan coto a este tipo de delitos. Hay mucha hipocresía. Creo que como intento, al menos, podríamos habilitar un órgano internacional que juzgue los casos de flagrante violación de derechos humanos, y que, al mismo tiempo, asegure que los Gobiernos que les dan apoyo político, económico y militar reciban una seria reprimenda. Porque ahora descubrimos que Pinochet y Galtieri eran malos, y cuando estaban en el poder, los Gobiernos europeos y Estados Unidos negociaban con ellos.