La ira de los kurdos

La rocambolesca detención del dirigente terrorista kurdo Abdalá Ocalan debe servir para exigir a Turquía no sólo un proceso justo, sino garantías de que se respetará su vida. Al mismo tiempo, esa detención puede motivar presiones diplomáticas a ese mismo país en favor de una autonomía política para los kurdos. No se entendería que la comunidad internacional presionara a Serbia para que devuelva un régimen de autogobierno a los kosovares y abandonara a su eterna mala suerte a ese pueblo desgraciado que es el kurdo.Hay aún muchos puntos oscuros en esta detención. Realmente, no se sabe lo que ocurrió en Kenia tras la salida de Ocalan de la Embajada de Grecia en Nairobi, que le negó el refugio, para dirigirse al aeropuerto, supuestamente con destino a Holanda. El dirigente del PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos) cayó en una trama bien urdida. El tiempo dirá si ha habido alguna connivencia griega en esta detención, en lo que sería una apuesta estratégica por unas mejores relaciones entre Atenas y Ankara. El Gobierno de Costas Simitis lo niega, pero ni siquiera ha convencido en su propio país. Sería grave que un país de la Unión Europea entregara a un detenido, incluso a un terrorista como Ocalan, a un país como Turquía, que deja mucho que desear como Estado de derecho y en el que está vigente la pena de muerte.

Repartidos en seis países, pero principalmente en Turquía e Irak, los 26 millones de kurdos forman el mayor pueblo sin Estado del planeta. Las resistencias de la comunidad internacional a reconocer un Estado kurdo es proporcional al potencial desestabilizador de esa hipótesis. Pero los kurdos han de poder disfrutar de derechos básicos, en vez de seguir viviendo, al menos en seis provincias del sureste de Turquía, en estado de excepción permanente desde 1987, en una zona en la que el Ejército turco ha vaciado unos 3.000 pueblos en el marco de una política que en otras partes se llama limpieza étnica.

La detención de Ocalan supone un éxito de gran magnitud para el Gobierno turco y favorecerá, sin duda, las posibilidades en las elecciones anticipadas de abril del actual primer ministro, Bulent Ecevit, emocionado ayer al anunciar la noticia de la captura del líder del PKK. Esta detención llega menos de un año después de la de Semdim Sakik, antiguo número dos de Ocalan, y tras importantes victorias del Ejército en su lucha con las guerrillas kurdas. Ahora que Turquía está ganando la partida militar, debe abordar con urgencia la política. Un juicio sin garantías, en un país donde la cultura de la tortura está extendida, no serviría a la causa de la paz. Menos aún una condena a muerte en un Estado que pretende entrar en una Unión Europea que ha desterrado esta práctica. La reticencia de varios jueces y gobiernos occidentales a entregar a Ocalan a Turquía se basaba en la existencia de la pena de muerte y la falta de garantías jurídicas en caso de extradición.

Tres ser expulsado de Siria por presiones turcas, Ocalan -que había permanecido durante años refugiado en Damasco- ha vagado durante los últimos cuatro meses por varios países. Turquía, probablemente con el apoyo de diversos servicios secretos de otros países, ha conseguido apresar a quien considera responsable de miles de muertes (incluida la de un turista español víctima de un atentado terrorista en 1994). Comprender el problema kurdo, y pedir que se aborde con determinación, no equivale a disculpar el terrorismo salvaje e indiscriminado practicado por Ocalan y los suyos. Tampoco parece la respuesta adecuada para granjearse simpatías y apoyo a su causa el asalto y la toma de rehenes en embajadas, consulados (principalmente griegos) o instituciones internacionales en varias ciudades de Europa, como las llevadas ayer a cabo por manifestantes kurdos. Harían bien en escuchar los llamamientos a la calma de sus líderes más moderados. La detención de Ocalan supone un alivio para muchos, pero ha generado un problema de seguridad en Europa, con riesgo de reacciones terroristas.

En este contexto cobra una nueva dimensión la decisión de los nacionalistas vascos de ofrecer la sede del Parlamento de Vitoria para la reunión en julio de la autodenominada Asamblea Kurda en el Exilio. Evidentemente, tal gesto constituye ante todo una provocación al Gobierno de Aznar, a la que no es fácil dejar de contestar si se quiere evitar una escalada; pero requiere una respuesta que no haga el juego a quienes buscan el enfrentamiento institucional. No lo tiene fácil el Gobierno, porque la salida en teoría menos arriesgada, el recurso a los tribunales, es de dudosa viabilidad. En principio, los recursos de inconstitucionalidad se refieren a normas legales, no a actos políticos, y no es tan evidente que el Constitucional vaya a aceptar la existencia de un conflicto de competencias.